Dos años desde el día en que un grupo de personas decidió ingresar de manera ilegal a un predio en donde había una cancha de fútbol, en el barrio San Roque Este. El terreno está ubicado entre las calles Uspallata y Nº 490 y pertenece en parte al Gobierno provincial y en parte a la Comuna. Tensión y malestar entre los vecinos empujaron la judicialización, que actualmente no tiene avances considerables. Lo cierto es que la toma persistió y ahora la venta de espacios es moneda corriente. Sin papeles, escrituras y bajo la total ilegalidad, las ventas se concretan de manera constante. Los costos de los predios van desde 25 mil pesos y pueden llegar hasta los 150 mil pesos.

 

Ayer NORTE de Corrientes volvió al lugar para tomar contacto con las personas que habitan en el predio y conocer qué las empujó a vivir de prestado en un predio que está judicializado. El lote comprende una manzana en forma triangular y uno de sus extremos se une con la calle Guayquiraró; durante varios años era conocido por ser una cancha de fútbol, que aún existe y se convirtió en corazón del asentamiento, ahora oculta entre una gran cortina de casillas de madera y viviendas de material, pero a la que se puede acceder por estrechos pasillos. Ayer la zona estaba bajo agua y los accesos tapados por el barro, es que en el lugar no hay cunetas y el agua se convierte en uno de los problemas más graves para quienes se arriesgan a vivir allí.

 

En dos años hubo cambios importantes, la construcción de viviendas de material es lo que más se destaca. Se estima que en el predio viven unas 180 familias, muchas de ellas llegaron mucho después de la toma inicial, sólo compraron y se instalaron. Fue a fines de 2016 cuando quienes habían participado de la toma decidieron vender sus espacios, pero según remarcaron, este año los ingresos fueron masivos, es que aumentó la comercialización de los pequeños terrenos. Los montos son variables y si bien todo se hace en el marco de la ilegalidad, muchas familias acceden a pagar entre 25 mil y 150 mil pesos por un terreno que no supera los 10 por 20 metros. Noelí cuenta su historia, pide que no le tomen fotos y asegura que teme ser desalojada.

 

 

Vive en el lugar desde diciembre de 2016 y si bien no fue parte de la usurpación inicial se siente parte de la toma. Junto a su pequeño hijo y su pareja, trata de salir adelante en la casilla que ahora logró construir de material pero durante varios meses fue de madera y no siempre soportaba las lluvias. Su realidad no es muy diferente de la de muchas otras familias que viven allí, donde los costos son altos aunque los problemas sean muchos. Alimañas, inundaciones y falta de servicios básicos son algunos de los temas que preocupan desde hace dos años. No hay nada que festejar en el asentamiento, quienes viven en la toma saben que su situación es compleja y varias veces fueron citados en calidad de imputados por el delito de usurpación, mientras que los recién llegados no existen para la Justicia.

 

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