Los integrantes clave de la banda eran siete profesionales: tres abogados, un escribano, un médico, un contador y un gestor. Todos cayeron tras 18 allanamientos que finalizaron con la detención, en total, de 14 personas. Los acusan de estafas con 32 propiedades y  cuatro campos que abarcan un total de mil hectáreas.

 

El registro de cinco operaciones donde constaba la firma de personas fallecidas alertó el año pasado al Registro de la Propiedad de Santa Fe y a la Justicia local, lo que permitió iniciar la investigación. La cabeza de la organización es un abogado de Venado Tuerto que detectaba viviendas y campos que permanecían registradas a nombre de personas fallecidas o de ancianos radicados en el exterior. Junto a otros profesionales montaban maniobras para apoderarse de esos bienes. “Hacían firmar hasta a los muertos”, explicó el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza.

 

La denuncia del Estado, sumada a otras presentaciones particulares ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), permitió iniciar la investigación y realizar los primeros allanamientos, en diciembre de 2017. De acuerdo a la causa judicial, el grupo podría haber estado actuando desde hace cinco o seis años y no se descarta que haya más propiedades involucradas en la estafa, además de las 32 detectadas y los cuatro campos señalados hasta el momento, todos de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe.

“La asociación ilícita trabajaba con lotes urbanos y rurales cuyos titulares registrales no vivían o se trataba de personas de avanzada edad”, detalló el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del MPA de Venado Tuerto, Matías Merlo.

Además de los siete profesionales detenidos, otras siete personas -empleados y “prestanombres”- serán imputados mañana por integrar y cumplir distintos roles en una asociación ilícita, cometer estafas y falsificar documentos. De los 18 allanamientos, 13 se desarrollaron en Venado Tuerto, y otros cinco en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Las Rosas, Armstrong y Rosario.

“No es una organización criminal típica, de la que estamos acostumbrados a ver en las crónicas policiales. Es un grupo sofisticado donde conviven abogados, escribanos, contadores, médicos y prestanombres. Podemos decir que estamos en presencia de la verdadera megaestafa inmobiliaria de la provincia de Santa Fe”, opinó el funcionario provincial.

El Estado anunció que evaluará la condición en la que se encuentran las propiedades y trabajará para determinar si alguien está en condiciones de reclamarlas. Caso contrario serán derivadas a la Agencia de Bienes Decomisados.

clarin