El Consejo Superior de Colegio de Abogados de la Provincia de Corrientes manifestó al Superior Tribunal de Justicia su preocupación por lo dispuesto en el Acuerdo Nº 11/19 en el que resuelve implementar el “Protocolo de juicio por audiencias de Corrientes- Procesos Civiles y Comerciales, Laborales y Contencioso Administrativos”. Lo hizo a través de una nota presentada el jueves 16 de mayo. Cuestiona modificaciones y solicita una prórroga para su puesta en vigencia.

Si bien, el Consejo nada objeta en lo que respecta al punto primero que dice: “1°) Levantar la suspensión del art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial (aprobado por Decreto Ley N° 14/2000), con carácter definitivo y declarar la operatividad de los arts.135, inc. 4, 359, 361, 362, 365 y 367 del C.P. C y C.”; sí discute lo resuelto en el punto en cuanto aprueba un “Protocolo” que introduce modificaciones a normas procesales vigentes, las cuales no pueden ser reformadas sino por el órgano que la Constitución establece para ello, que no es otro que el Poder Legislativo.

“En efecto este Consejo Superior si bien comparte los fundamentos que llevan a propiciar la implementación de la oralidad efectiva en los procesos civiles, laborales y contenciosos administrativos, ya que indudablemente esto logrará contribuir y propiciar un mejor servicio de justicia en todo el ámbito de la Provincia de Corrientes, objeta de manera categórica el modo escogido para su implementación, esto es a través de un Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia, ya que tanto la Acordada como el “Protocolo” violan especialmente normas de raigambre constitucional (Arts. 15; 118 inc. 19 y 15 Constitución de la Provincia de Corrientes) al modificar normativa vigente, como por ejemplo los arts. 125, inc. 5 y 426 del CPCC, art 52 de la ley 3540, entre otros”, señalan en la nota.

Añaden que dicha implementación debe ser efectuada dentro del marco de legalidad que debe imperar en todos los ámbitos de actuación de un Poder del Estado, respetuoso del principio de división de poderes que las provincias se han comprometido a garantizar (arts. 5, 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Objetan también la entrada en vigencia del referido “Protocolo” de manera intempestiva y con premura a partir del 1 de junio de 2019, aplicándose a todos los procesos de conocimiento que se abran a prueba con posterioridad a dicha fecha, aludiendo el punto 14 de la Acordada que: “el Equipo de Trabajo ha realizado distintas actividades de capacitación y labores tendientes a la implementación de la Oralidad efectiva en la provincia, en coordinación con el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y han trabajado en jornadas intensivas, con todos los jueces civiles, comerciales, laborales y contencioso administrativo, para la redacción de un Protocolo, con mira a la efectiva implementación de la oralidad” (sic), olvidándose de uno de los operadores fundamentales del sistema como lo somos los abogados, quienes no hemos recibido ninguna capacitación al respecto.

Por todo lo expuesto, el Consejo Superior solicita una prórroga razonable de su entrada en vigencia, hasta tanto los abogados de la provincia de Corrientes tengan un conocimiento pleno y herramientas necesarias para actuar de manera adecuada y eficiente en los procesos civiles, laborales y contenciosos administrativos en los cuales se pretende instaurar la oralidad efectiva, teniendo en miras que los letrados ejercen su ministerio en nombre y representación de los derechos de los particulares o justiciables.

Firmaron la misiva los presidentes de Colegios de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial, doctores Lilian Sawozcka, Diego Brest, Fabián Troncoso, Emmanuel Serra y Luis Regiardo.