Un pasivo exacto de 99.345,2 millones de pesos fue el que llevó a Vicentin en febrero pasado a presentarse en convocatoria de acreedores, tras declarar una cesación de pagos a fines de 2019, como consecuencia de un “estrés financiero”.
Ese es el monto certificado que figura en la causa que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, de Reconquista (Santa Fe).
Se lo adeuda a 1.895 personas (físicas y jurídicas) por compra de granos; a 586 por bienes y servicios; a 37 entidades financieras; a 19 organismos fiscales y aduaneros; a 98 accionistas y a tres sociedades vinculadas.
El grueso de estas acreencias, según consta en las planillas de las nóminas de acreedores, son financieras: 63.961,5 millones de pesos.
Es decir, casi uno de cada tres pesos que debe la agroexportadora es con bancos y entidades que le otorgaron préstamos.
El mayor acreedor dentro de este grupo es el Banco Nación, con 18.162,3 millones de pesos. Es uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno para avanzar con la intervención.
Por detrás, se escalonan entidades de financiamiento internacional: la Corporación Financiera Internacional con base en Estados Unidos (16.504,8 millones de pesos), la Compañía de Financiamiento para Países en Desarrollo de Holanda (9.228,4 millones) y la sucursal Tokio del Banco ING (4.420 millones).
También les quedó debiendo montos significativos a Amerra Capital Management de Nueva York (1.901,8 millones), al Banco de la Provincia de Buenos Aires (1.814,3 millones) y a la cooperativa del Rabobank (1.430,3 millones).
El resto
El segundo rubro que conforma la mayor parte de la deuda de Vicentin es la compra de granos; esto es, mercadería que le compró a productores y acopios de todo el país y que nunca pagó.
En total, por este concepto, la agroexportadora quedó debiendo 25.656,9 millones de pesos; un poco más del 25 por ciento de su pasivo concursado.
Por compra de bienes y servicios, en tanto, la firma oriunda de Santa Fe adeuda 2.292 millones de pesos.
En tanto, por deudas impositivas y aduaneras, el monto trepa a 1.655,2 millones de pesos y casi todo corresponde con los 1.525,1 millones de pesos reclamados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), otro de los flancos por los que el Gobierno considera que tiene argumentos para intervenir.
Por último, el resto de la deuda se compone de 351,2 millones de pesos de accionistas y 5.428,2 millones de sociedades relacionadas.
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