Crece la tensión empresarial: enojo por el impuesto a la riqueza, alertas por la inflación e incertidumbre por el rumbo económico.

Resignación, cansancio, hartazgo, bronca. Todas palabras que surgieron en charlas que tuvo Infobae en las últimas horas con hombres y mujeres que están al frente de compañías y organizaciones empresariales.

“¿Viste el comunicado de la Cámara de Comercio?”. La pregunta la hizo un reconocido empresario argentino desde el otro lado de la pantalla de la videollamada, juntando los dedos de una mano en gesto interrogativo. “Piden cuotas para pagar el impuesto. Es una locura. Es la imagen de la resignación, la claudicación del que hace negocios en este país. Empresarios que invierten millones y emplean a miles de personas, piden un plan para pagar algo que es un despropósito. Cansados de que no los escuchen, piden algo. Cuotas, al menos. Lo que sea”, completa la idea.

Resignación, cansancio, hartazgo, bronca, frustración por la falta de diálogo. Todas palabras que aparecieron en charlas que tuvo Infobae en las últimas horas con hombres y mujeres que están al frente de empresas y también de organizaciones empresarias. Muchos exigieron off the record para hablar más tranquilos. “Hay muchos en la coalición de Gobierno que por estas horas se creen San Martín cruzando los Andes, mejor no me nombres”, pidió uno de ellos, destacado miembro del mundo industrial. “Estoy muy enojado. Se los explicamos con ejemplos, con ‘dibujitos’ y nada. No quieren entenderlo. Héller no nos recibió. Máximo si, escuchó, y el Presidente también, pero no hicieron nada”, sumó otro empresario.

Los consultados creen que el impuesto a la riqueza es un divisor de aguas en un contexto que ya era malo. Luego de la embestida inicial que llegó con el anuncio del proyecto, creyeron que el tema había entrado en una suerte de freezer legislativo, pero ahora lo ven como un hecho consumado. Por eso el “por lo menos dennos algo” que surgió de los comunicados de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). No fueron los únicos, claro. La Asociación Empresaria Argentina –AEA, el poderoso grupo que nuclea a los dueños de las grandes empresas locales– dijo que el nuevo tributo “afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compañías” y el Foro de Convergencia Empresarial lo definió, directamente, como un dislate.

En Olivos también saben que la relación está “quebrada”. Así la definen cerca del presidente Alberto Fernández, al menos por ahora. Confían en volver a tender lazos pronto.

Jorge Brito, trágicamente muerto el viernes en un accidente de helicóptero en Salta, definió su postura con claridad el lunes pasado, en su última entrevista. “El impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto”, auguró. Muchos de los colegas que lamentaron su partida comparten esa visión: su nota fue comentada durante toda la semana.

Además del enojo por el impuesto que el Senado aprobará el martes (¿con algún cambio para que vuelva a Diputados?), los empresarios ponen la lupa en dos temas: la inflación, que ya levanta señales de alerta con cifras mayoristas que subieron 4,7% en octubre, según datos del Indec de la semana pasada, y analistas que recalientan pronósticos para 2021, y la falta de certezas sobre el rumbo económico. No cayó nada bien, además, entre los hombres de negocios la carta de los senadores oficialistas al FMI en la que trataron al organismo de “irresponsable” por el crédito a Mauricio Macri y le pidieron que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”.

“Este país así no sale, no hay vuelta. Nos meten la mano en medio de la pandemia. La carta de los senadores es una vergüenza”, aseguró otro empresario en off. No son pocos los que están convencidos de que, otra vez, quedaron en medio de una guerra de poder y reyertas políticas. “Hay mucho ruido y eso quita capacidad de control y manejo del gobierno, se va todo en internas”, agregó.

“El impuesto le pega a mi familia, y fuerte. Pero no hablo desde ahí: es una norma absurda. El sector productivo está de rodillas y esto empeora todo. Es una locura y, además, mal planteada. Hablamos con todos y les pedimos que busquen otras formas inteligentes de llegar a lo mismo, pero nada”, dice un empresario vinculado a los negocios agroexportadores. Habla más de media hora casi sin parar y pide disculpas por usar a su interlocutor “de analista”. De modo parecido, un colega suyo agradeció el rato para “hacer catarsis”. Hay tensión entre los hombres de negocios.

Eduardo Costantini, dueño de Consultatio y el Malba, critica la norma desde hace meses, pero en los últimos días reconoció que su “bronca” fue en aumento. “Aquellos que tenemos que pagar, con los que estoy hablando, empresarios y familias, estamos muy enojados. Hay mucha disconformidad, sobre todo porque se trata de una medida inconsulta, no dialogada y peor comunicada. Queda la sensación de que se puede aprobar cualquier cosa a partir de ahora y eso es igual a mucha incertidumbre por lo que vendrá”.

Costantini asegura que, a pesar de declaraciones de funcionarios en sentido contrario –como Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, por ejemplo– el “aporte solidario” sí grava los activos productivos. “Marcó del Pont dice que no es cierto, que se gravan a las personas y no a las empresas. Los empresarios o accionistas se fijan en el total que pagan, tanto en la empresa como a título personal. Si al final del día el margen es mínimo, no invierte: el bolsillo es uno solo. Se equivoca Marcó, claramente: esto desalienta la inversión”, explicó.

Casi como una resignación ante lo inevitable, distintas asociaciones les pidieron cambios a los senadores. El creador de Nordelta no duda que sería una muy buena señal que el Senado desgrave los bienes productivos, pero lo ve “difícil”. “En diputados no movieron una sola coma”, afirmó.

En ese contexto, por ejemplo, la UIA pide también que no se graven los activos productivos (incluidos todo tipo de inmuebles), “pagar” con inversiones en el plazo de un año, exceptuar Títulos Públicos y Obligaciones Negociables de empresas argentinas “para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)” y establecer un mínimo no imponible.

Además, la CAC suma otros pedidos. Entre ellos, subir la suma exenta de $200 millones a “entre $280 y $300 millones”, para que la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses no alcance a muchos más contribuyentes; no incluir a sujetos que residen en otros países; y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización; no hacer trato diferencial entre activos en el país y en el exterior; y “disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades”. El famoso plan de cuotas del comienzo de esta nota.

“Nos oponemos totalmente a esta locura, la Argentina no soporta más impuestos. Cada vez que los genios que gobiernan crean impuestos por única vez, quedan para siempre. Pero bueno, cuando no tenemos otra opción, optamos por pedir algún cambio. Igual, sabemos que no vamos a conseguir nada. Atrás de esto hay una cuestión ideológica”, asegura Mario Grinman, secretario de la CAC. Grinman menciona el libro “La rebelión de Atlas”, que la escritora estadounidense de origen ruso Ayn Rand escribió a finales de los ’50. Allí, los empresarios –o “no saqueadores”– inician un gran lockout contra la clase política. ¿Propone algo similar? “No, pero este momento me hizo acordar de ese libro”, aseguró.

“El impuesto es muy inoportuno. Necesitamos incentivos para la inversión y no cosas que la ahuyenten. La presión tributaria ya es enorme: hay que pensar en una reforma, uno de los temas pendientes para tener un país más competitivo”, agregó Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa de café que lleva su apellido.

Mientras tanto, se espera un aluvión de demandas que llegará ni bien salga la ley. El principal argumento es que es confiscatorio y “análogo y complementario con el impuesto sobre los bienes personales”, como escribió el tributarista Iván Sasovsky.

“Nosotros ya les recomendamos a nuestros socios que vayan a la Justicia, directo. No creo que haya cambios en el Senado, todo lo contrario. Incluso, desde la Mesa de Enlace, estamos analizando hacer algo en conjunto”, explicó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural. “Le estamos sacando más lonjas al mismo cuero. Esto es un impuesto a los activos, claramente, y va a impactar en la productividad. Es inconstitucional y confiscatorio”, agregó.

Otros prefieren no pasar por el largo camino del reclamo legal. “Ahora viene una catarata de juicios, aunque yo prefiero no meterme con abogados. No hay seguridad jurídica y estamos baratísimos, pero nadie va a venir a invertir. ¿Qué va a hacer Pagani cuando quiera fabricar más Bonobones? ¿Va a invertir acá? De ninguna manera. No estoy enojado, estoy frustrado”, explica otro presidente de una conocida empresa local.