El Gobierno oficializó la eliminación de los controles al comercio exterior y la estampilla «verde»

La modificación en el estampillado no afectará la función de control primario de la Aduana cuando un producto ingrese al país.

El Gobierno avanzó en su objetivo de desregular el comercio exterior al dar el paso formal oficializar este miércoles la eliminación del estampillado en productos importados y la supresión de los valores criterio y de referencia. Quedó sentado en las Resoluciones Generales 5581 y 5582 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicadas en el Boletín Oficial.

En paralelo, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, se anunció a través de un comunicado la eliminación de los valores de referencia para las exportaciones y de los veedores externos en los despachos de importación. El fin es «reducir el costo argentino al sector privado» y «facilitar la operación de las pequeñas y medianas empresas».

El sistema de estampillado, que había estado en vigencia desde 1987, se reemplaza por el «Sistema Digital de Identificación de Productos» (SiDIP). La identificación mediante el Código IMEI (International Mobile Equipment Identity) será obligatoria para las mercaderías, sostiene el artículo 2° de la Resolución 5581. No obstante, la modificación en la norma no afectará la función de control primario de la Aduana cuando un producto ingrese al país.

Por otra parte, también quedaron suprimidos los valores criterios a las garantías exigidas a los importadores. Se trata de valores mínimos que determinaba un equipo de Aduana: si una mercadería era introducida por debajo de ese piso debía ser retenida, sometida a verificaciones sin plazo y contar con una garantía de las compañías de seguro. Eso implicaba, según se detalló, un «sobrecosto» del 1%.

Los productos que debían atenerse a esa regulación eran los hilados, tejidos, calzado, neumáticos, grifería, acero, productos plásticos y juguetes, entre otros. Desde ahora, la Aduana podrá pedir avales sólo en situaciones donde se considere que hay riesgo para el interés fiscal. En la mayoría de los casos, las empresas no tendrán que presentar garantías financieras al momento de importar. Si se requiere un respaldo y no se detectan problemas dentro de un plazo de 120 días, se devolverá en forma automática a la empresa.