23 noviembre, 2024

El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones: qué contempla

En la búsqueda de fondos frescos de nuevas inversiones, el gobierno Nacional finalmente oficializó el RIGI. Las empresas interesadas en adherirse tendrán dos años de plazo para hacerlo.

El Gobierno oficializó este viernes 23 de agosto la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones(RIGI) a través del Decreto 749/2024 publicado en el Boletín Oficial.

El proyecto fue aprobado en agosto bajo la ley de Bases con su conjunto de medidas fiscales correspondientes y tiene como objetivo ofrecer incentivos, asegurar la certidumbre y seguridad jurídica, y establecer un sistema de protección de derechos adquiridos para los responsables de un único proyecto de inversión que supere los u$s200 millones.

El DNU menciona que se establecerán condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad para las empresas que inviertan, aunque no detalla puntualmente los incentivos que se otorgarán. Entre los incentivos posibles podrían incluir:

  • exenciones impositivas,
  • devolución del IVA para las empresas,
  • facilidades crediticias y
  • garantías estatales.

Cuál es el plazo que tienen para inscribirse las empresas interesadas

Las empresas interesadas en adherirse al programa contarán con un plazo de dos años para hacerlo, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo extienda ese periodo por un año adicional.

Cuáles son los 8 sectores que podrán ingresar al RIGI

Según el texto del DNU son ocho los sectores que podrán beneficiarse del programa para grandes inversiones, entre ellos:

  • forestoindustria
  • turismo,
  • infraestructura,
  • minería,
  • tecnología,
  • siderurgia,
  • energía, y
  • el sector de “petróleo y gas”.

La mayoría de estos sectores requiere una inversión mínima de u$s200 millones, aunque existen excepciones. Las inversiones en petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento deben superar los u$s300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a u$s 600 millones.