El impacto de los controles de cambios: se multiplican los amparos para destrabar importaciones que están frenadas por la falta de dólares.

Las empresas recurren de manera creciente a la Justicia por las trabas que impone el Gobierno para acceder a divisas. También hay quejas por la burocracia y la falta de interlocutores válidos. El equipo económico busca pisar las compras al exterior para cuidar las reservas

Los fuertes controles de cambios para cuidar los dólares del Banco Central no sólo afectan a los ahorristas (la mayoría ya no puede comprar) y a las empresas que tienen deudas en el exterior. En los últimos meses también los importadores están sufriendo las mayores restricciones para acceder al mercado cambiario. La consecuencia es un fuerte salto de los recursos de amparo para que sea la Justicia la que habilite la entrega de divisas, aun cuando desde el ministerio de Producción no hayan dado luz verde para autorizar la operación.

Fuentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina indicaron que, desde marzo de 2020, más de 350 empresas recurrieron a la Justicia a los fines de obtener medidas cautelares que les permitan seguir operando. A febrero de 2021, más de 200 empresas ya han obtenido pronunciamientos favorables por parte de los Juzgados de Primera Instancia. Por su parte, la Cámara de Apelaciones del Fuero ya confirmó numerosos pronunciamientos dictados por este Juzgado, lo que denota un entendimiento claro por parte de la Justicia de la operatoria que está llevando a cabo el Estado y la problemática que están viviendo las empresas.

Se trata de una práctica que proliferó durante el gobierno de Cristina Kirchner, especialmente en el tramo final de su segundo mandato, y que ahora volvió con todo su esplendor. El problema se concentra en aquellos productos que están en la lista de “licencias no automáticas”, que en realidad representan el grueso del volumen de las importaciones. Tal como había sucedido en el anterior “cepo”, son los funcionarios de turno los que van decidiendo si abren o cierran las compuertas para importar, dependiendo a su vez del volumen de exportaciones.

A fin de año incluso el Banco Central informó la decisión de frenar una cantidad de importaciones de productos finales y suntuarios que representan alrededor de USD 350 millones mensuales. Pero además hay una larga lista de productos finales que no entraron en este listado y otros que son utilizados como materia prima, es decir al proceso de producción. Los problemas para conseguir las autorizaciones se han multiplicado en ambos casos.

El ministerio de la Producción, a cargo de Matías Kulfas, les exige a las empresas que presenten una proyección sobre los dólares que precisarán a lo largo del año para realizar las importaciones. Es la manera que tiene el Gobierno a su vez de planificar el acceso al mercado cambiario y no verse desbordado por la demanda de divisas. Para colmo, la decisión de Martín Guzmán de bajar el ritmo de aumento del dólar oficial, al 25% anual pese a que la inflación será mucho más alta en el año, tendrá como principal consecuencia una fuerte demanda adicional para importar, ya que los precios de los bienes quedarían más baratos medidos en dólares.

Entre los importadores apuntan a la Dirección de Gestión Comercial Externa, es el lugar dentro del ministerio de la Producción donde –aseguran– se traban los trámites en muchos casos indefinidamente y sin que medie explicación alguna para los afectados. A esa dependencia hay que presentar la proyección de importaciones y luego esperar que se libere la licencia no automática. Pero las demoras son cada vez mayores, generando muchas veces fuertes pérdidas a las empresas. Los amparos buscan acelerar los tiempos y obligar a los bancos a liberar las divisas, tal como sucedió sobre todo en 2015, durante la última parte del gobierno de Cristina.

El éxito del amparo depende luego del juzgado en el que cae, la calidad de la presentación del abogado y de otros factores, pero puede tardar entre 30 y 60 días. Pero aún en caso de que resulte exitoso significa no sólo pérdida de tiempo y de recursos, sino también de dinero, representando una carga adicional del denominado “costo argentino”. Además, muchas veces la mercadería queda retenida en el puerto, generando un “taxi” que implica el pago de elevados costos diarios. El perjuicio lo pagan también los consumidores porque esos mayores costos se cargan en el precio final.

Aunque no hay nada escrito al respecto, la idea del Gobierno es que las importaciones no superen en promedio de los USD 3.500 millones mensuales. De esta forma, la cifra llegaría a niveles parecidos a los del año pasado, es decir en plena pandemia. En 2020 el volumen de importaciones cayó a USD 42.355 millones, una merma de 14% respecto al año anterior.

Las quejas de las empresas son crecientes por los problemas para acceder a algunos insumos, pero lo que más complica es la incertidumbre. Nadie tiene muy claro si su pedido para importar será o no aprobado y las respuestas a veces nunca llegan.

La expectativa está puesta en el ingreso de divisas por la cosecha de maíz y soja, que debería generar un fuerte impacto a partir de abril. Si, como se espera, las exportaciones contabilizan un adicional de USD 9.000 millones sólo por “efecto precio”, esto podría permitir una mayor liberación de permisos para importar y evitar que se trabe más el proceso productivo. Pero nadie lo sabe con certeza y dependerá de cómo se vaya dando el balance comercial mes a mes.