Ironía argentina. Ni las empresas eléctricas pueden pagar la luz.

Las empresas le deben más de $100.000 millones a Cammesa; las facilidades de pago incluyen reconocer créditos equivalentes a hasta cinco veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente. D.P.E.C debe $ 3081 millones.

En un nuevo intento por parte del Gobierno de regularizar las deudas que acumulan las empresas distribuidoras de electricidad con el Estado, el Ministerio de Economía propuso en el presupuesto 2021 aplicar una moratoria, que incluye facilidades de pago a una tasa de interés por debajo de la de mercado.

La propuesta tiene implícito el reconocimiento del Gobierno de los efectos que generó el congelamiento de tarifas. Como los ingresos no se actualizan desde marzo de 2019, las distribuidoras eléctricas -entre las que se encuentran Edenor y Edesur- dejaron de pagar el 100% del costo de la electricidad a Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía.

En total, a septiembre, las empresas ya deben $123.000 millones, que debió aportar el Tesoro para que Cammesa cubra el costo de la generación y el pago a los proveedores de gas y combustibles. Esto se suma a las transferencias que realiza el Gobierno en concepto de subsidios económicos, que derivan en que los usuarios solo paguen la mitad de lo que cuesta la electricidad. En concreto, solo hasta julio, el Tesoro le transfirió a Cammesa $152.061 millones, lo que implicó un incrementó de 157% en comparación con el mismo período del año pasado, según datos del Instituto Argentino de Energía (IAE).

En el artículo 87° del proyecto de presupuesto para el año próximo, el Ministerio de Economía propone un régimen especial de regularización de las obligaciones pendientes de pago de las distribuidoras acumuladas al 30 de septiembre, «ya sean por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades».

«Los criterios podrán contemplar diferentes alternativas, (…) pudiendo reconocer créditos equivalentes a hasta cinco veces la factura media mensual del último año o el 66% de la deuda existente. La deuda remanente deberá ser regularizada mediante un plan de pagos con un plazo de hasta 60 cuotas mensuales, períodos de gracia de hasta seis meses y una tasa de interés equivalente de hasta el 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista», explicita el proyecto.

Este régimen ya había sido propuesto por el Gobierno en la ampliación del presupuesto del segundo semestre de este año, pero el artículo en cuestión fue vetado por el Presidente después de que se aprobara en el Congreso, porque el «reconocimiento de los créditos» que hacía la ley no implicaba «ningún compromiso» de inversión para las distribuidoras.

Esta vez, a diferencia de la propuesta anterior, la adhesión a la moratoria no es automática, sino que la Secretaría de Energía evaluará previamente la situación económica y social de cada jurisdicción y, por lo tanto, de cada distribuidora, lo que podría generar un trato diferencial con las empresas.

«El régimen de regularización de obligaciones deberá establecer criterios diferenciados, para lo cual deberá considerar origen y trayectoria de la deuda de cada una de las distribuidoras, la situación social media de sus usuarias y usuarios y priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones, provincias y municipios y el mejor impacto en el servicio público», dice el proyecto.

Con este régimen, en el Gobierno buscan que Cammesa tenga más herramientas para presionar el pago de la generación eléctrica, ya que, de lo contrario, la compañía acumula activos difíciles de cobrar.

Algo similar ocurre con el mercado de gas, donde las distribuidoras están atrasadas con los pagos del suministro a las productoras. Esto generó, por ejemplo, que Metrogas anunciara un diferimiento de los pagos, a lo cual varias productoras le enviaron un carta documento para que regularice la situación.

La deuda de DPEC (Corrientes) es de $ 3081 millones, Secheep (Chaco) $8207 millones, EMSA (Misiones) $11.624 millones. Lidera la lista EDENOR Y EDESUR con saldos acumulados de $ 17.479 millones y $ 15.682 millones.

Fuente: La Nación.