Mediante la Decisión Administrativa 836/2024, el Gobierno reglamentó un artículo de la Ley Bases que regirá para la Administración Pública Nacional y los organismos descentralizados.
El Gobierno Nacional reglamentó el “silencio positivo”, un aspecto incluido en la Ley Bases que tiene como objetivo destrabar trámites administrativos con el Estado.
La Decisión Administrativa 836/2024, publicada en el Boletín Oficial, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller, Diana Mondino, establece que “a partir del 1 de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos”.
De esta manera, ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en 60 días, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.
Cuáles son los alcances del silencio positivo
De acuerdo con el nuevo artículo 10 de la ley 19.549, el silencio administrativo positivo se aplicará:
– Pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.
Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.
– Cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso.
Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.
Defensa del silencio positivo
Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se trata de un “mecanismo ‘anti- coimas’ porque antes el funcionario podía ‘cajonear’ el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve”.
Además, lo considera “anti- extorsiones” debido a que “permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece”.
“Las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el kirchnerismo: amenazar o imponer multas delirantes para silenciar cualquier disenso. Eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante las arbitrariedades del Estado”, agregó el funcionario.
Además, “se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias. La necesidad de agotar las instancias administrativas también permitía “cajonear” una demanda contra el Estado. El cambio genera una mayor protección del ciudadano”.
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