Está casi toda la temporada vendida y el acuerdo que anunció el Gobierno no es retroactivo. Además, no fijó valores sino que establece un rango que, todavía, debe definirse. «Es más testimonial que aplicable», describió uno de los referentes de la industria
Primero, se habló de un «congelamiento». Luego, de un «sostenimiento». Finalmente, tras una reunión en Casa Rosada, el martes de la semana pasada, el Gobierno y los representantes del sector turístico acordaron mantener los precios de los servicios durante la temporada alta, hasta el 15 de marzo.
Pero, a diferencia de lo que se informó desde despachos oficiales, las tarifas no se congelarán, sino que deberán ubicarse dentro de un rango que las autoridades nacionales y las cámaras de la industria aún tienen que definir en conjunto. Lo cierto es que, a una semana del anuncio oficial, poco se sabe de cómo regirá el acuerdo.
Por el momento, lo que se conoce es que alcanza a los servicios turísticos contemplados en la ley 25.997. Es decir, a los que brindan las agencias de viajes y alojamientos en hoteles, hosterías, aparts, campings, refugios de montaña, cabañas, bungalows, estancias, albergues y departamentos compartidos. También, quedan comprendidos el transporte terrestre de pasajeros y los traslados aerocomerciales, junto al alquiler de equipos de movilidad -como automóviles, motos y bicicletas- y de aeronaves con fines turísticos.
Además, incluye a excursiones -en tren, fluviales y marítimas-, sitios de actividades recreativas -como parques nacionales, centros de diversiones y temáticos, y lugares de turismo aventura y ecoturismo- y guías turísticas. También, abarca a comercios de venta de productos regionales y prestaciones de servicios gastronómicos de restaurantes, cafés y bares.
Aunque la comunicación formal habla del establecimiento de valores de referencia en todo el país, todavía no fueron estipulados. Según explicó Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), el sector está «en proceso de delimitar el rango». «Apenas podamos tener un relevamiento completo de los precios, en función de los servicios provistos por los distintos prestadores, lo haremos», aseguró. En el sector, calculan que la definición demorará entre cinco y 10 días. Para ese entonces, la temporada ya estará en marcha.
De acuerdo a lo establecido, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación será el encargado de supervisar el cumplimiento de los rangos tarifarios, a través de relevamientos semanales durante toda la temporada en las distintas localidades turísticas del país. Asimismo, habrá reuniones mensuales para evaluar la continuidad y el perfeccionamiento del compromiso.
Hasta las últimas horas de 2021, las agencias de viajes no fueron notificadas. Así lo confirmaron a El Cronista desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve). «No recibieron comunicado ni instrucción oficial», indicaron, y destacaron que «ellas no son formadoras de precios».
Con esta jugada, el Gobierno intenta poner un freno al alza de precios que, según el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), entre noviembre de 2020 y el mismo mes de este año, fue del 63,4%: una suba por encima de la inflación anual, que fue del 56,2%. El sector de hotelería y restaurantes fue el que registró el mayor aumento en los últimos cinco años. Incluso, en 2019, con un nivel general de precios mayor al de este año (), la suba fue menor (un 45,5%).
¿SE PUEDE APLICAR EL ACUERDO DE PRECIOS?
El gran interrogante es si se podrá contener el alza de precios en una temporada que promete ser récord -la mejor de los últimos 10 años-, con un nivel de ocupación histórico, que ya supera el 90% en los principales destinos turísticos del país y que se espera que llegue al 100% en la víspera de Año Nuevo, pese a la suba de los contagios.
Habiéndose concretado ya la mayor parte de las reservas, con precios que se ajustaron más del doble en el último año en algunas localidades, cabe dudas de su viabilidad y, en consecuencia, de sus posibilidades de éxito.
En el sector, referentes hoteleros y de paradores reconocen que «es un acuerdo de palabra que va a fracasar», «general» y «difícil de cumplir en la práctica». En definitiva, como no es un congelamiento bajo apercibimiento de la Ley de Abastecimiento, su acatamiento dependerá de la voluntad de las partes, más allá de los controles de la cartera de Turismo.
«El Gobierno intenta transmitir sensación de calma, que está tomando cartas en el asunto, como un gesto para cuidar el bolsillo de la gente, ahora que empezaron a circular noticias del alza significativa de los precios, especialmente en la Costa Atlántica. Lo que no se tiene en cuenta es que no se puede meter todo en la misma bolsa. No se puede comparar la segunda quincena de enero, que, usualmente, es la más fuerte, con los primeros 15 días del mes o la segunda quincena de febrero», asegura un operador, que maneja un complejo en Mar del Plata.
Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), fue contundente: «El acuerdo es más testimonial que aplicable. Lo que no se vendió a esta altura es realmente muy poco. Los precios pueden seguir aumentando. Con esto, se intenta tomar un compromiso para evitar que sigan incrementando en el margen que todavía queda libre y que en los próximos años no pase lo mismo».
Para el representante de la CAT, la problemática es más profunda y tiene que ver con la formación de precios. «Es una responsabilidad que recae tanto en el que paga como en el que cobra el servicio. No hay ninguna obligación de parte del consumidor por abonar un sobreprecio ni del proveedor en acatar el acuerdo que invita a mantener los precios. En un país que hace 100 años se vive con inflación, los precios están desvirtuados y es una situación compleja», analiza.
Elías también atribuyó el alza de precios a la escasa infraestructura con la que cuenta la Argentina. «No es una avivada, sino una consecuencia de la ley de oferta y demanda, con un nivel de infraestructura que resulta insuficiente. El 90% del país está casi colapsado solo con turismo interno. Es importante contar con una política de Estado que promueva el turismo durante todo el año, para que así los proveedores no se vean en la tentación de aumentar los precios en los meses más fuertes, con el fin de mantener la estructura en las condiciones en las que el cliente quiere recibir las instalaciones el siguiente verano», asegura.
En ese sentido, el sector aprovechó el encuentro con el Gobierno para enfatizarle los pedidos que en los últimos meses le realizó. «Si no se promueve la mayor conectividad con la competencia de empresas y la llegada de inversiones, este problema lo vamos a tener en las próximas temporadas. La Argentina tiene un potencial grande. Hace falta crear las condiciones», concluye Elías.
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