Ante la falta de fondos para afrontar el último acuerdo salarial, las empresas de transporte urbano de Corrientes pidieron una audiencia urgente con la UTA.
La Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (CETUC) y la firma Miramar Estrella UT emitieron un comunicado donde solicitan a la Secretaría de Trabajo provincial la convocatoria a una audiencia de conciliación con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes.
La solicitud empresarial se enmarca en la imposibilidad de cumplir con el acuerdo firmado el pasado 22 de mayo entre la UTA nacional y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que eleva el sueldo básico de los choferes a casi $1,3 millones, sin incluir adicionales como viáticos o antigüedad.
Según argumentaron las empresas, no cuentan con los recursos necesarios, ni por tarifa ni por subsidios para afrontar los montos establecidos.
Además, recordaron que el acuerdo local con la UTA, firmado el 19 de marzo, ya se encuentra en revisión a partir de lo estipulado en la cláusula quinta del convenio, la cual permite contemplar las dificultades económicas específicas de cada jurisdicción.
Por eso, tanto CETUC como Miramar Estrella solicitaron a las autoridades laborales de la provincia que se active esa cláusula y se convoque a una instancia de conciliación con carácter urgente, ante el riesgo de una nueva escalada del conflicto.
Por su parte, desde la UTA Corrientes advirtieron que esperan el cumplimiento total del acuerdo salarial nacional antes del 17 de junio. De no concretarse los pagos correspondientes antes de esa fecha, el gremio anticipó que podría activar medidas de fuerza a partir del 18. Entre las posibilidades se evalúa un paro de actividades.
“El acuerdo firmado fija un plazo para que se realicen las actualizaciones salariales. Si no se cumplen, el 18 de junio podríamos iniciar una medida de fuerza”, advirtió José Sabao, secretario general del gremio local.
Pese a este escenario de tensión, Sabao se mostró abierto al diálogo y subrayó que están a la espera de una convocatoria que permita destrabar el conflicto. Sin embargo, remarcó la gravedad de la situación financiera del sistema de transporte urbano. “No solo los empresarios tienen responsabilidad. El Estado provincial y el Municipio también deben intervenir, porque esto es un servicio público”, expresó.
Finalmente, el dirigente hizo hincapié en que el problema del financiamiento del transporte “no es nuevo”, pero que se agravó notablemente en el último tiempo debido a la quita de subsidios nacionales. “La situación ha empeorado en estos años con las decisiones del Gobierno nacional”, concluyó.
Fuente: El Litoral
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