Junto a México, Colombia y Bolivia, expresaron su apoyo al expresidente de Perú, en momentos en que se registran importantes manifestaciones contra su destitución y arresto, así como la designación como presidenta de Dina Boluarte.
Los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron este lunes su respaldo al expresidente de Perú Pedro Castillo, en momentos en que se registran importantes manifestaciones contra su destitución y arresto, así como la designación como presidenta de Dina Boluarte.
«Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo, Presidente de la República del Perú», reza un comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por la Cancillería de Colombia.
«El Presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», agrega el comunicado. «Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio».
El exmandatario peruano, un maestro rural elegido en 2021, gobernó menos de un año y medio en un periodo marcado por una profunda crisis política. Fue detenido la semana pasada por orden judicial y enfrenta cargos de rebelión y conspiración, luego de un fallido intento para disolver el legislativo.
Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preliminar por siete días. La fiscalía lo acusa de rebelión y, de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
El Congreso, dominado por la derecha, aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal en su contra.
«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», reclamaron los cuatro gobiernos. «Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio».
Y finalizan: «Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado».
La vicepresidenta Dina Boluarte denunció a Castillo por intentar perpetrar un «golpe de Estado» y lo reemplazó en el poder. Ahora enfrenta multitudinarias protestas de gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas, sectores afines a Castillo que exigen su renuncia.
Un plan del nuevo gobierno para adelantar las elecciones de 2026 a 2024 no debilitó las movilizaciones, que dejan cuatro civiles muertos en las últimas 36 horas. Los manifestantes piden la «inmediata libertad» de Castillo, así como el cierre del congreso.
Castillo dijo el lunes en una carta publicada en su cuenta de Twitter que se encuentra en el trance más difícil de su Gobierno, «maltratado y secuestrado», y calificó a su sucesora Dina Boluarte como una «usurpadora».
Se trata del primer comunicado de Castillo desde que fue detenido la pasada semana por los presuntos delitos de rebelión, por quebrantar el orden constitucional del país, y de «conspiración» contra el Estado, después de que intentó sorpresivamente disolver el Congreso dominado por la oposición.
«Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado», dijo en la carta manuscrita publicada por el exmandatario.
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