La jueza estadounidense Loretta Preska estará a cargo de decidir el monto por el que se deberá resarcir al fondo Burford Capital, quien posee los derechos del litigio.
Tras ocho años de espera, este miércoles comenzó el juicio, a cargo de la magistrada Loretta Preska, que definirá el monto a pagar por el Estado argentino por la expropiación del 51% de YPF en 2012.
“Hoy empieza el juicio de 3 días que decidirá cuánto deberemos pagar todos los argentinos, porque nuestro Congreso decidió expropiar YPF sin respetar su Estatuto. El rango ya fue establecido por ambas partes: US$ 4.999 millones a US$ 16.100 millones”, señaló a través de su cuenta de Twitter Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en la causa.
“¿Por qué es tan importante el juicio que comienza mañana? Porque de los USD 16.100 millones que Argentina podría pagar por la expropiación de YPF, USD 7.600 millones dependen de la tasa de interés aplicable que la jueza Preska decidirá: entre 0% y 8%”, consideró Maril.
En marzo pasado, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, falló a favor del fondo Burford Capital, quien en abril de 2015 adquirió los derechos de litigio de las compañías del argentino Grupo Petersen.
Desde entonces dos jueces se hicieron cargo de la causa, Thomas Griesa (2015-2016) y Loretta Preska (2016- actualidad).
Además, pasó por 3 tribunales (NYSD, Segundo Circuito, SCOTUS) y tuvo 5 fallos importantes (2016, 2018, 2019, 2020 y 2023).
También, Argentina interpuso un certiorari, es decir, un pedido de revisión de las decisiones de los tribunales inferiores, ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en 2019 pero el máximo tribunal rechazó analizar el caso.
El argumento del fallo de Preska fue que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”.
Asimismo, resaltó que “la República prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”
En este marco, el Estado argentino deberá indemnizar a la compañía Burford Capital y estos días resultan claves ya que se definirá el monto.
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