El Supremo Tribunal de Brasil tomó esta decisión por el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” del expresidente. Entre ellas, el uso de las cuentas de redes sociales de otras personas.
El Tribunal Supremo de Brasil decretó este lunes la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las medidas cautelares decretadas en la causa donde está procesado por un intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva.
«Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordenó el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro», anunció el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, encargado del caso, en declaraciones recogidas por el portal de noticias brasileño UOL. El magistrado también dispuso una operación de registro e incautación del domicilio de Bolsonaro en Brasilia.
El exmandatario tendrá prohibido recibir visitas, excepto de sus abogados, y usar teléfonos celulares, incluidos de terceros. Además, utiliza una tobillera electrónica.
La decisión de De Moraes de decretar arresto domiciliario tuvo lugar tras el incumplimiento de Bolsonaro de usar las cuentas de redes sociales de otras personas, después de que en la víspera utilizara las de su primogénito, Flávio, durante las manifestaciones de apoyo en el país para supuestamente presionar y coaccionar al Supremo.
La Policía registró la casa en Brasilia de Bolsonaro por su presunta responsabilidad en la financiación de una trama en Estados Unidos para defender la aplicación de aranceles y sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, a quienes Washington revocó sus visados.
Mientras tanto, la Fiscalía solicitó días atrás en sus alegaciones finales en el juicio por intento golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
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