Hasta ahora, los megaoperativos involucraron a ciudades y municipios. Ahora, buscan a delincuentes en todo el departamento de Cabañas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso este martes un cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas, en una nueva ofensiva de su “guerra contra las pandillas” iniciada en marzo de 2022.
Es la primera vez que el mandatario impone un cerco total a una provincia completa. En el pasado, realizó operativos similares en ciudades y municipios, pero nunca en todo un departamento.
” Desde esta madrugada, 7000 soldados y 1000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas”, escribió Bukele en la red Twitter, ahora llamada X, al anunciar la operación.
Según afirmó,” su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”.
Cabañas, el nuevo objetivo de Nayib Bukele en su “guerra contra las pandillas”
En las últimas semanas “producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse”, afirmó el mandatario.
Además, dijo que el cerco “se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros”.
Este martes se podía observar el desplazamiento de camiones militares cargados de soldados en calles de Tejutepeque e Ilobaso, dos de los municipios de Cabañas
Cómo es la “guerra contra las pandillas” de Nayib Bukele
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas, y que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos.
En este marco, según denunciaron diferentes organizaciones locales e internacionales, las autoridades realizaron detenciones sin órdenes de captura ni de allanamiento.
El gobierno informó sobre más de 71.000 detenciones en el último año y medio. En tanto, organizaciones humanitarias estiman en 5490 las “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.
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