Elecciones en El Salvador: Bukele se encamina a un arrollador triunfo y a un sistema de partido único

Los centros de votación abrieron a las 7 y cerrarán a las 17 hora local. Los salvadoreños eligen al próximo presidente, a 60 diputados del Congreso unicameral y a 20 del Parlamento Centroamericano. Según todas las encuestas, el mandatario arrasará en las urnas

Será como ver en diferido un partido de fútbol del que ya se conoce el resultado. Este domingo 4 de febrero, El Salvador va a las urnas para elegir al próximo presidente, a 60 diputados del congreso unicameral y a 20 del Parlamento Centroamericano. Todo indica que Nayib Bukele, el popular presidente, se reelegirá sin problemas a pesar de que la Constitución prohíbe que una misma persona ejerza dos mandatos consecutivos.

Eso, la reelección inmediata, que es inconstitucional, y la popularidad del presidente Bukele, que según algunas encuestas es la más alta del continente y una de las mejores del mundo, han marcado este ciclo electoral en El Salvador. Eso y la situación de seguridad del país centroamericano, marcada por una disminución de los crímenes violentos y la transformación de las pandillas MS13 y Barrio 18, las organizaciones criminales más importantes en la historia reciente del país, con las que Bukele hizo un pacto de gobernabilidad desde principios de su mandato.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), para la jornada de este domingo hay 5.47 millones de salvadoreños aptos para votar en 1676 centros de votación distribuidos en las 44 circunscripciones municipales del país y en 29 países donde votan salvadoreños residentes en el extranjero.

Las urnas abrieron a las 07:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m. hora local, lo cual aplicará también para los centros de votación en el exterior.

Hasta esta elección había 262 circunscripciones municipales y se elegía a 84 diputados propietarios al Congreso. Sin embargo, el 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa, dominada por una súper mayoría bukelista, derogó el artículo 291-A del Código Electoral, que impedía realizar cambios en la legislación electoral un año antes de las elecciones; con esto quedó abierta la puerta para lo que vino después, la reducción de sillas en el Legislativo y del número de municipios. Los críticos a la reforma coinciden en que fue una jugada política para afianzar más poder y para minar la presencia de la oposición, ya bastante disminuida en el país.

La reforma electoral, según la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA), es un motivo de preocupación por la salud democrática de El Salvador.

“Al reducir el número de legisladores y municipios, Bukele podría limitar el poder de los municipios en los que no tiene tanta aprobación pública y fusionarlos con distritos en los que su partido Nuevas Ideas tiene más apoyo, dando la impresión de que todo el país le apoya”, escribió WOLA en un comunicado.

Lo cierto es que, con reforma o sin ella, los números dieron siempre las preferencias a Bukele y a sus diputados. Esos números han variado poco en los meses previos a la elección. En agosto de 2023, la Universidad Francisco Gavidia (UFG) publicó una encuesta que daba a Nuevas Ideas, el partido del presidente, un 63% de la preferencia de cara a la reelección en enero de 2024; más que suficiente para ganar con holgura en primera vuelta. Uno de los funcionarios de la universidad dijo, al comentar esas cifras y las de preferencias para el voto legislativo, también con amplia mayoría para el partido de Bukele, que se perfilaba un escenario de aplanadora política en favor del presidente.

Algunas encuestas, de hecho, han pronosticado la desaparición de los dos grandes partidos políticos que gobernaron El Salvador antes del ascenso de Bukele, que son el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a los que los sondeos más optimistas dan apenas un poco más del 5% de las preferencias.

Para principios de 2024, un par de semanas antes del cierre oficial de la campaña electoral el 31 de enero, los últimos sondeos publicados daban incluso más ventajas a Bukele. En la encuesta de la UFG había subido a cerca del 70%, una cifra similar a las que arrojaron los sondeos de la Universidad Centroamericana (UCA) y de CID-Gallup.

En la Asamblea Legislativa, con el número de curules reducido a 60, Nuevas Ideas necesita 41 puestos para mantener la mayoría calificada que le permita seguir haciendo lo que ha hecho desde que, en la anterior elección legislativa, Bukele obtuvo súper mayoría: gobernar sin molestarse por la oposición política. Todos los sondeos prevén que el presidente llegará a esos números sin dificultad, e incluso los análisis más optimistas para la oposición dejan al resto de partidos con entre 8 y 10 diputados.

Nayib Bukele, que no apareció en la campaña electoral sino hasta bien entrado diciembre pasado, lo quiere todo. En un mensaje colgado en sus redes sociales, el presidente instó a los salvadoreños a no dar a la oposición ni un solo diputado con el fin, dijo, de profundizar la transformación del país en materia de seguridad. La disminución en las cifras de crímenes violentos es la principal venta política y electoral del presidente, que ha llegado a decir que El Salvador se encamina a ser uno de los países más seguros del continente. Lo cierto es que es imposible determinar la magnitud de la baja debido a que el gobierno ha declarado información reservada todas las estadísticas sobre crímenes.

El camino a la reelección y el modelo Bukele

La propaganda del gobierno se ha enfocado, también, en hacer énfasis en el combate a las pandillas MS13 y Barrio 18, en la construcción de una cárcel de máxima seguridad contra el terrorismo -la ley salvadoreña califica de terroristas a los pandilleros- y en la tolerancia cero a los criminales. Todo esto ha sido llamado el Modelo Bukele y ha recibido elogios de candidatos y políticos en varios países del continente americano.

Ese modelo, sin embargo, tiene parches sobre los que también han llamado la atención opositores locales, defensores de derechos humanos, periodistas e incluso legisladores y gobiernos extranjeros. Las principales objeciones al modelo Bukele, dicen los críticos, es que está basado en la acumulación de poder para crear un sistema de partido único, como en Cuba o Venezuela, y en la violación sistemática de los derechos fundamentales de los salvadoreños.

Entre los últimos en hacer públicas estas objeciones y reclamos al presidente salvadoreño hay 14 congresistas demócratas estadounidenses que el 30 de diciembre pasado enviaron una carta al secretario de estado Antony Blinken expresándole su preocupación por la calidad de la democracia en El Salvador.

“Le escribimos para expresarle nuestra grave preocupación por el deterioro democrático y el creciente número de reportes de violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Estos asuntos son especialmente relevantes por las elecciones que se celebrarán a principios de febrero, en las que el actual presidente, Nayib Bukele, correrá por un segundo periodo, lo cual es inconstitucional”, escriben los congresistas, encabezados por la Ilhan Omar, representante por el estado de Minnesota.

Bukele contestó a Omar desde su cuenta X, en inglés. “Estamos HONRADOS de recibir sus ataques solo días antes de NUESTRA elección. Estaría muy preocupado si usted nos apoyara”, escribió el salvadoreño un post que luego fue retomado por cuentas anónimas estadounidenses que suelen esparcir teorías de la conspiración asociadas al movimiento MAGA del expresidente Donald Trump y ataques xenófobos contra legisladores progresistas como Omar, de origen somalí.

Pero, a pesar de los reparos que llegan desde fuera y de los reclamos de víctimas de las políticas de seguridad de Bukele, la popularidad del presidente se mantiene casi intacta. La aceptación de la que goza ha sido, de hecho, su principal argumento político a la hora de afianzar el control del Estado salvadoreño.

Nayib Bukele ganó la presidencial de 2019 en primera vuelta con 1.43 millones de votos, unos 61,000 menos que los obtenidos por Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista FMLN, cinco años antes en segunda vuelta.

Bukele gobernó durante la primera mitad de su mandato de cinco años marcado por su saludable popularidad, pero también por un Congreso y un Judicial que le eran adversos, y por la gestión de la pandemia de coronavirus. Muy pronto, el presidente se enfrentó con los otros poderes del Estado, al punto de que el 9 de febrero de 2020 ingresó al frente de unidades armadas del ejército y la policía al Congreso para exigir la aprobación de un préstamo para el ramo de seguridad pública. Cuando el país salió del encierro por la pandemia, Bukele acompañó sus acciones de ataques constantes a la prensa y a la oposición.

A inicios de 2021, en las legislativas de ese año, Nuevas Ideas, el partido del presidente, ganó súper mayoría. El 1 de mayo de aquel año, cuando los nuevos diputados tomaron posesión, Bukele destituyó a cinco magistrados del Supremo, aunque estos aún no habían cumplido su periodo y los sustituyó por jueces leales que no habían agotado el proceso de ley para ser elegidos. También se deshizo del hasta entonces fiscal general, con quien había tenido una relación que fue de la complicidad al enfrentamiento abierto, para colocar a un funcionario completamente afín.

Controlar la fiscalía general permitió a Bukele deshacerse de una comisión internacional de investigación criminal que él mismo había creado y que había empezado a investigar corrupción de sus funcionarios durante la pandemia, el pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18 y otros crímenes atribuidos al círculo más cercano del presidente, y le permitió, además, emprender persecuciones penales a sus enemigos políticos. Controlar el Judicial le abrió la puerta a la reelección.

En septiembre de 2021, cuatro meses después de haber tomado posesión, los recién electos magistrados de la CSJ fallaron, desde sus nuevos puestos en la Sala de lo Constitucional, que la prohibición de reelección presidencial establecida en el artículo 152 no era tal y que, por tanto, Bukele podía volver a presentarse como candidato en 2024. Esa interpretación de los magistrados afines fue suficiente para que Bukele anunciara, un año después, en 2022, que competiría por la reelección.

La interpretación constitucional requirió que Bukele abandonara el cargo seis meses antes del inicio del nuevo periodo presidencial, presupuestado para el 1 de junio de 2024. El 30 de noviembre de 2023, el Congreso bukelista nombró designada presidencial a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una exempleada de la familia Bukele, y le abrió el camino para ocuparse de la presidencia mientras su jefe está de permiso. El decreto que sirvió para todo esto es, sin embargo, confuso, porque si bien solicita permiso para que Bukele se ausente de su rol presidencial le mantiene las atribuciones del cargo.

Después de que Bukele anunció su intención de reelegirse, a lo largo de 2023, los partidos de la oposición política intentaron formar una candidatura única para confrontarlo en las urnas, pero todo se quedó ahí, en un intento que no prosperó. Al final, hay seis fórmulas presidenciales inscritas: la de Nuevas Ideas, con Bukele a la cabeza, la de los tradicionales FMLN y ARENA, la de Nuestro Tiempo, un partido emergente de centro derecha, y la de dos diminutos partidos satélites del oficialismo.

A lo largo del año pasado, Bukele no se molestó siquiera en hacer campaña e incluso su presencia en las redes sociales, su medio de comunicación privilegiado, disminuyó. El aparato de propaganda repetía regularmente los logros en seguridad pública. Por no preocuparse, el presidente no se preocupó siquiera por los posibles efectos electorales de la inminente crisis financiera, de la creciente deuda pública o de la fallida política del Bitcoin, que el oficialismo vendió con bombo y platillo al decretar la circulación legal de la criptomoneda y que al final terminó con una deuda millonaria por ahora incobrable, con un gasto que, a falta de cifras oficiales, algunos analistas cifran en al menos USD 300 millones y con el desagrado del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que Bukele tendrá que acudir en su previsible segundo mandato para intentar resucitar una negociación por un préstamos de USD 1.4 mil millones.

Nada de eso parecía preocupar al presidente en su camino a la reelección. La narrativa era suya. Hasta principios de 2024, cuando denuncias públicas e investigaciones periodísticas volvieron a poner en el tapete de la opinión pública la corrupción atribuida al círculo más íntimo del presidente y su pacto con las pandillas.