25 noviembre, 2024

Giro del gobierno ante Nicaragua: ahora está «preocupado» por los derechos humanos.

Ante las críticas, el gobierno se refirió este martes a su postura frente a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en el marco del 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A tan solo una semana de que se abstuviera de firmar la declaración de la OEA, la Cancillería argentina suma un nuevo capítulo a la novela diplomática respecto a la crisis de Nicaragua. Ante los rumores de que este martes Argentina no apoyó una iniciativa de la ONU para exigir elecciones libres y justas, desde el gobierno salieron a aclarar que no hubo votación sobre el tema y reiteraron su «preocupación» por los derechos humanos del país centroamericano.

«Durante la sesión de hoy, no se realizó votación, sino que la Alta Comisionada dio su informe anual. Algunos miembros enviaron anticipadamente su opinión mediante videos grabados. La Argentina emitió su opinión de igual modo, tal como lo hicieron otras naciones», señalaron este martes desde el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en el marco del 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A su vez, señalaron que el representante argentino, Federico Villegas Beltrán, fue el encargado de manifestar la “preocupación” argentina por las “continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia”, sosteniendo la misma postura que cuando votó a favor de la resolución 46/2 de pasado marzo, que condenaba los hechos en Nicaragua.

De esta manera, la Cancillería se vio obligada a realizar estas aclaraciones luego de que trascendiera la información de que este martes el gobierno argentino no acompañó la declaración conjunta de la ONU para exigir elecciones libres y justas en Nicaragua. Así, Argentina se diferenció de la mayoría de los países sudamericanos y europeos que sí acompañaron la iniciativa, lo cual puso otra vez en duda la posición del país frente al gobierno de Daniel Ortega. Fue en ese contexto en el que Argentina insistió con que “no hubo votación”.

Para poner paños fríos a la situación, la Cancillería argentina reiteró su apoyo al trabajo de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y acompañó el pedido de la funcionaria para que se permita el acceso de la oficina de derechos humanos de la ONU al país centroamericano.

A su vez, el gobierno se mostró «preocupado» una vez más las detenciones arbitrarias de los opositores políticos del país gobernado por Daniel Ortega, y sostuvo que esa medida debe ser «reconsiderada por las autoridades nicaragüenses».

De todas formas, la cartera comandada por Felipe Solá también recordó que es tradición diplomática de la Argentina opinar de manera individual sobre asuntos específicos de los países, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, siendo este el motivo por el cual se abstuvo de votar ante la resolución de la OEA, lo cual le valió infinidad de críticas.

La declaración de la ONU sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua

La declaración ante la ONU que se dio a conocer este martes fue apoyada por 59 países que, a través de ese texto, condenaron la «violación de los derechos humanos» en Nicaragua e instaron a la «dictadura encabezada por Daniel Ortega» a «garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días».

«Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada (Michelle Bachelet) sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables», señaló la declaración firmada por las 59 democracias.

Y agregó: «Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias».

Las naciones que apoyaron la declaración fueron Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón y Letonia.

También lo hicieron Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.