La Policía de Brasil presentó cargos contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022

El político participó de una trama golpista que buscó derrocar y asesinar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva

La Policía de Brasil presentó este jueves cargos contra el ex presidente Jair Bolsonaro por el intento de “golpe de Estado” ocurrido tras las elecciones de 2022, luego de dar por finalizadas sus investigaciones del caso. Según aseguraron, entonces, el político formó parte de una trama golpista que buscó derrocar y asesinar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, a fin de impedir su asunción.

El documento con la solicitud formal -de más de 700 páginas- será presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y deberá ser analizado por el juez Alexandre de Moraes y la Procuraduría General de la República (PGR) antes de remitirse a la Fiscalía General del Estado, que se encargará, en última instancia, de determinar los cargos pertinentes.

“De Moraes lleva toda la investigación, ajusta las declaraciones, detiene sin quejas, realiza una pesca de pruebas y tiene consejos muy creativos… hace todo lo que la ley no dice. Hay que ver qué hay en esta acusación de la PF”, reaccionó el líder ultraderechista, a la par que desestimó el accionar de uno de sus principales rivales en el país.

“Voy a esperar al abogado (…) En la PGR es donde comienza la pelea. No puedo esperar nada de un equipo que utiliza la creatividad para denunciarme”, continuó criticando.

Junto a Bolsonaro, se acusa de intento de abolición del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal al ex ministro de Defensa y Casa Civil, Braga Netto; a Augusto Heleno, del Gabinete de Seguridad Nacional; al ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem; y a Paulo Sérgio Nogueira, de la cartera de Defensa, así como a otras 32 personas.

“Las pruebas fueron obtenidas a través de diversas investigaciones policiales realizadas a lo largo de casi dos años, basadas en la ruptura del secreto telemático, telefónico, bancario y fiscal, colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial”, aseguraron desde la PF al presentar el documento.

Según definió la investigación, Bolsonaro mantuvo reuniones con oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros de su Gobierno y asesores en el Palacio de la Alvorada, en las que debatió la posibilidad de realizar un golpe de Estado que impida la asunción del líder izquierdista al máximo cargo ejecutivo en Brasil. Específicamente, se buscaba asesinar a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin, y crear un “comité de crisis” integrado por militares.

Sus planes, sin embargo, no se concretaron dado que carecía del apoyo de comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, y solo contaba con el respaldo del comandante de la Marina, Almir Garnier Santos.

De hecho, el general Marco Antonio Freire Gomes y el brigadier Carlos de Almeida Baptista Jr., jefes militares, declararon ante la Policía y cargaron contra el político.

Gomes aseguró que el grupo consideró la emisión de actas golpistas que mencionaban todas las acciones que se podrían tomar para impedir la investidura, como la aplicación de una Garantía de Ley y Orden (GLO) o decretos de Estado de Defensa o de Estado de Sitio. En tanto, al tomar la palabra, Baptista aseguró que “después de que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, considerara la posibilidad de atentar contra el régimen democrático por medio de algunos institutos previstos en la Constitución, el entonces comandante del Ejército, general Freire Gomes, dijo que si intentaba tal acto tendría que arrestarlo”.

A ello se sumó que, esta semana, el general de reserva Mario Fernandes y otros cuatro miembros del Ejército fueron detenidos bajo evidencias concretas de su participación en la elaboración de un plan para impedir la investidura, que incluía el asesinato de Lula y del ministro de Moraes.

Bolsonaro, que acumuló declaraciones de naturaleza golpista durante su presidencia y sembró dudas sobre el resultado electoral de aquellas elecciones -en las que sostiene que hubo fraude- insiste en su inocencia en el caso y asegura que las acusaciones que refieren a un intento de declarar el Estado de sitio “no son un crimen y serán discutidas en la Constitución”.

La presentación de la PF se da a la par que un grupo de legisladores fieles al líder ultraderechista busca impulsar una amnistía en el Congreso que deje libre de cargos al político y a otro tanto de civiles y funcionarios señalados por los hechos del 8 de enero de 2023.