El canciller venezolano Yvan Gil compartió un comunicado donde apunta contra Argentina y EE.UU. tras la orden de decomiso de la aeronave venezolana-iraní.
El avión venezolano-iraní de la empresa Emtrasur Cargo, retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde junio de 2022, por orden judicial, finalmente despegó este lunes con destino a Estados Unidos. Sin embargo, pocas horas después Venezuela reclamó por lo sucedido y afirmó que se trata de un «robo descarado».
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, el robo descarado de la aeronave Boeing 747-300, siglas YV 3531, perteneciente a la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (EMTRASUR S.A.)», señaló el gobierno venezolano a través de un comunicado compartido por Yvan Gil, canciller venezolano.
El mensaje difundido por funcionario sostuvo que el «robo» se concretó «luego de la confabulación entre los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y de la República de Argentina» y acusó: «Han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa, colocando en riesgo la seguridad aeronáutica en la región».
«La vergonzosa operación de rapacería se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales han sido aplicadas por más de una década desde los Estados Unidos», manifestó la publicación y mencionó, entre otras cosas, el «secuestro de activos y la aplicación de más de 930 sanciones ilegales».
En este contexto, el comunicado compartido por el canciller venezolano acusó a la extrema derecha opositora de actuar «como agentes directos del imperio norteamericano contra Venezuela».
«Venezuela libre y soberana dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional», advirtió.
Tras el decomiso de la aeronave, Venezuela denunció ante la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) «la violación, por parte de ambos gobiernos antes mencionados, de las regulaciones internacionales a las cuales están obligadas los Estados en materia de navegación aérea».
«Entre los ilícitos cometidos se ha observado el ocultamiento de información al momento de identificar el vuelo, apagado del transpondedor en varios trayectos de la ruta y otros que deben ser investigados de manera independiente», señaló el Gobierno de Maduro y reprochó que se generó «una situación grave de inseguridad jurídica y operacional sin precedentes».
El comunicado también anunció que «el Estado venezolano ejercerá todas las acciones que permitan restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario».
«Ningún imperio, ni sus satélites lacayos, podrán doblegar la voluntad del pueblo venezolano, que ha decidido transitar la ruta de la verdadera independencia y construye su camino hacia la prosperidad política, económica y social, como ha sido demostrada al mundo en los últimos años», concluyó.
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