Una jueza y una fiscal de Chaco fueron denunciadas por presunta inacción en la investigación de un accidente vial en el que perdió la vida un hombre de 64 años.
Una jueza y una fiscal de la provincia del Chaco fueron denunciadas este miércoles por presunta inacción en el marco de una causa derivada de un accidente vial en el que perdió la vida un hombre de 64 años, según indicaron fuentes judiciales citadas por Télam.
Según se indicó, la fiscal Andrea Langelotti y la jueza Ana María Rubio fueron acusadas por los abogados de la familia víctima de la presunta comisión de irregularidades en la investigación del accidente que terminó con la vida de José Alberto Bermúdez (64 años)-,
Bermúdez murió el jueves de la semana pasada en un hospital de Chaco, en el que estuvo internado durante casi dos meses, luego de ser atropellado
El hecho que se investiga ocurrió el 21 de agosto último, alrededor de las 8.30, en avenida Los Pioneros al 1900 de la localidad chaqueña de General San Martín, ubicada a unos 120 kilómetros de Resistencia.
De acuerdo con la información disponible, la víctima iba a bordo de una moto Mondial azul y fue chocado por una camioneta Volkswagen Amarok blanca que lo arrastró cuatro metros, tras lo cual el conductor huyó del lugar sin haberle prestado auxilio al hombre que estaba gravemente lesionado.
La denuncia
A través de sus abogados, la familia de Bermúdez denunció a la fiscal y a la jueza de la causa por no haber secuestrado el vehículo «permitiendo que el imputado lo ocultara» durante 48 horas «para lavarlo y borrar huellas», según informó Télam.
La presentación fue formulada por los abogados Ignacio Trimarco y José Luis Saquer, quienes en el escrito presentado indicaron: «Se ha demostrado que el accionar de la Sra. Fiscal ha sido deficiente desde el comienzo de la investigación, toda vez que no ordenó el secuestro del vehículo que embistió a la víctima, cuando lo tenía perfectamente identificado, permitiendo que el imputado lo ocultara y lo entregara 48 horas después del hecho, luego de haberlo lavado para borrar los rastros y de permanecer prófugo de la justicia».
Los letrados agregaron que «también (la fiscal) impidió sistemáticamente y sin fundamentos suficientes que la familia de la víctima fuera parte querellante en las actuaciones, habiéndolo logrado recién dos meses después del hecho y ante un tercer pedido».
«Tampoco ordenó la detención del acusado en ningún momento -añadieron-, ni siquiera ante la grave imputación que pesa sobre el mismo a partir del fallecimiento de la víctima, y soslayando el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación que se encuentran acreditados en la causa, ni evaluó hasta el momento cuál de las dos calificaciones postuladas por la parte querellante corresponde al caso, habiendo sí adelantado informalmente que se trata de un homicidio culposo agravado”.
Además, los representantes legales de la familia Bermúdez, indicaron que «se dispuso del cuerpo del damnificado sin que la fiscal ordenara la obtención de material genético para cotejar con las manchas hemáticas halladas en el vehículo del acusado y para realizar la correspondiente autopsia».
«En las mismas graves irregularidades incurrió la Sra. Jueza, puesto que, ante la inoperancia de la fiscal, no tomó medida alguna, violando su rol de garante del proceso», afirmaron.
Por último, la querella explicó que «a todo ello se suma que la titular del Juzgado de Garantías y Antidrogas de General San Martín es la progenitora de la titular la Fiscalía de Investigaciones N° 2».
«Esta circunstancia resulta sumamente relevante puesto que, si solo se apartara a una de las magistradas, la restante no podría ser jamás imparcial en estas actuaciones», indicaron.
Una lenta agonía
Bermúdez fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde ingresó por una «grave fractura frontal y de base de cráneo» hasta que finalmente murió el jueves 14 de octubre a raíz de las lesiones sufridas
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