En el expediente presentado por el juez Ramos Padilla aparecen los nombres de funcionarios como víctimas de espionaje. Es en la investigación en la que están procesados el fiscal Stornelli, Marcelo D’alessio y Daniel Santoro.
Dirigentes políticos de Corrientes habrían sido víctimas de espionaje ilegal según consta en un expediente judicial. Es en el marco que la Justicia Federal investiga a una presunta banda para estatal que también realizaba extorsiones.
Según consta en una de las 1125 carillas presentadas por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el ex gobernador y senador provincial Ricardo Colombi, el ex intendente y senador nacional Carlos Mauricio Espínola, el intendente Eduardo Tassano y el diputado Eduardo Vischi, el senador Sergio Flinta, fueron espiados. El capítulo en que se los menciona está titulado como «Operación de espionaje político sobre dirigentes del norte argentino», ya que también se habría realizado en Salta.
«La organización delictiva investigada desarrolló acciones de inteligencia ilegal sobre distintos referentes políticos de gran incidencia en la vida política e institucional de las provincias de Corrientes y Salta», explican. Además agregan que se buscaba influir en la situación política del país.
Hoy Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento al fiscal federal porteño Carlos Stornelli, al falso abogado Marcelo D’Alessio y al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y consideró que la pesquisa ya puede ser enviada a juicio oral.
En el caso de Stornelli, el juez lo acusó como coautor de tentativa de extorsión cometida «en el marco de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal» en violación a la Ley de Inteligencia, le ordenó la entrega de su pasaporte y le fijó una caución real de diez millones de pesos, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
El magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D’Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.
El juez sostuvo en sus fundamentos que Santoro y Stornelli eran definidos en la organización ilegal como el «dos por uno» porque las maniobras que los habrían involucrado consistían en «que la víctima declararía primero ante el periodista y luego ante el fiscal».
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