Un informe del FBI confirma la vinculación del piloto Gholamreza Ghasemi con las Fuerzas Quds y con Hezbollah. El resto de los tripulantes son investigados debido a inconsistencias «en la información respecto de quienes componen la tripulación».
Tras examinar el informe del FMI que vincularía al piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles operaciones de terrorismo, la fiscal federal Cecilia Incardona amplió el requerimiento y avanzó en la imputación del sospechoso, «conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», establece el nuevo dictamen. También se imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Ezeiza.
Basado en un informe del FBI que establece un nexo directo del piloto Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal que investiga el caso “para delimitar el objeto procesal”.
De este modo, el dictamen de la fiscal Incardona establece: “Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí́ adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que dé el dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”.
A su vez, “tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”, consideró la fiscal que dirige la investigación del avión retenido en Ezeiza.
Si bien la letrada aclaró que la información contenida en el documento del FBI «solo puede ser utilizada para inteligencia”, incorporó en el requerimiento que Ghasemi, según las indagaciones recientes, es CEO y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air.
Con respecto al informe analizado, «de allí́ surge que Mahan Air fue sancionada en octubre de 2011 por la OFAC (E.O. 13224) por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para la IRGC-QF y por transportar armas y personal para Hezbollah. Esta sanción no es técnicamente información de inteligencia, sino que es un dato perfectamente corroborable”, explicó la profesional.
Dicho esto, el paso subsiguiente consiste en verificar la titularidad de la aeronave de Emtrasur, a los efectos de esclarecer si la firma Mahan Air se encuentra involucrada en el caso: “Mahan Air es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera, y Gholamreza Ghasemi es CEO y piloto de Oeshm Fars Air vinculada a Mahan Air, que hoy continua al mando del nombrado avión”, precisó la fiscal.
En el marco de la investigación en curso, se aguarda con expectativa el examen detallado de los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los resultados preliminares no ofrecen por el momento evidencias para el expediente, aunque todavía no fueron analizadas las dos “cajas negras” de la aeronave.
Asimismo, se ordenó investigar la carga del avión, “con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba el avión”.
El resto de los tripulantes
Con respecto a los 4 iraníes y 14 venezolanos que integraban la tripulación del polémico vuelo, Incardona observó que “existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será́ también profundizado en la investigación”. Lo anterior implica que el juez mantendrá retenidos sus pasaportes y que por lo tanto se les prohíbe salir del país.
En cuanto a la carga transportada, la documentación aportada por la Aduana especifica que la carga pesó 47.882 kilos, distribuida en 312 bultos. El avión -según el informe- tendría una capacidad de transporte de hasta 80 toneladas.
El importador del envío en cuestión fue SAS Automotriz, una compañía que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos, cuya producción corresponde a la planta de General Pacheco.
Tras el escándalo, SAS se desligó de los hechos y apuntó contra la empresa Fracht, compañía de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. “La relación entre el forwarder (Fracht) y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna”, comunicaron las autoridades de SAS.
En sintonía con lo anterior, tanto Volkswagen como Fracht se desvincularon: en efecto, la empresa con sede en Suiza responsabilizó a Aerocharter México. “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre ese vuelo”, argumentó la empresa.
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