El alto tribunal rechazó las apelaciones de los condenados. En tanto, el fallo no alcanzó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, mientras que quedó pendiente la resolución la sentencia del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
La Corte Suprema de Justicia ratificó hoy las condenas de los acusados por la Tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012, en la que murieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas. El alto tribunal rechazó las apelaciones de los condenados, por lo que las sentencias quedaron firmes, ya que no existe otra instancia de apelación.
Con los votos de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte rechazó los recursos interpuestos tras invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite hacerlo “por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
De esta forma, fue ratificada la condena a cinco años y medio de prisión al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y la de tres años y tres meses del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba, además de otros 16 acusados.
En esta investigación, el tribunal selañó que se tuvo por probada “la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte”.
Los recursos rechazados habían sido presentados por las defensas de los imputados mencionados más Pedro Ranieri, Jorge De los Reyes, Guillermo D’Abegnino, Laura Aída Ballesteros, Francisco Pafumi, Carlo Michele Ferrari, Marcelo Calderín, Carlos Pont Verges, Antonio Suárez, Oscar Gariboglio, Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Alejandro Lopardo y Sergio Tempone.
Por esta causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 condenó, con distintos grados de responsabilidad, a los distintos acusados mientras que a Jaime, resolvió condenarlo por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y absolverlo por el estrago culposo agravado.
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