Laura Alonso criticó que la Oficina Anticorrupción deje de ser querellante en causas de corrupción: “La impunidad llegó para quedarse”.

“Dejamos un equipo funcionando y lo desmantelaron”, aseguró la ex titular del organismo de control durante el gobierno de Mauricio Macri.

En las últimas horas, el titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous, firmó una resolución para que el organismo deje de ser querellante en las principales de causas de corrupción, posición que había adoptado durante la gestión de Cambiemos en expedientes como la tragedia de Once o Ciccone. Para Laura Alonso, su antecesora en el cargo, este movimiento tiene un fin determinado: «La impunidad llegó para quedarse».

“Había recursos humanos muy buenos. Los echaron o no los recontrataron, una pena para el país que retrocede muchísimo”, planteó la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri a través de las redes sociales. En este sentido, agregó: “Soportamos cuatro años de insultos, falsas denuncias, difamaciones, mentiras pero nunca antes la OA había hecho tanto por prevenir e investigar la corrupción. Dejamos un equipo funcionando y lo desmantelaron”.

La justificación de Crous es la falta de personal, pero el retiro no será inmediato en todos los casos. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia, asegura la resolución.

“En la nueva Ley de Ética Pública que mandamos al Congreso y duerme propusimos un cambio para fortalecer todo el sistema de control sobre los funcionarios. Saludemos esa reforma que nunca será”, expresó Alonso, que reconoció el trabajo de todos los abogados que “con rigurosidad y con profesionalismo lograron hitos históricos en los juicios y las condenas de los corruptos”. “Ahora el verdugo tira abajo su esfuerzo”, aseguró.

Por su lado, otros dirigentes de la oposición también cuestionaron la postura que tendrá la Oficina Anticorrupción ante las causas de corrupción. Según el diputado nacional de la UCR Luis Petri, el planteo corresponde a “jugar al paso del tiempo e invocar el retardo de justicia en las causas de corrupción». “No quieren que nadie las impulse y a los que las investigan le sacan la mitad de la estructura”, indicó.

La iniciativa dispone que cuando el Estado actúe como querellante en causas por corrupción o narcotráfico (sea a través de la OA o de la UIF), tenga la obligación de continuar el proceso penal hasta que no haya más recursos. En definitiva, para que las causas no se caigan por voluntad política. «Si se deja de impulsar el proceso, la causa se cae, lo robado no se recupera y no hay justicia», señaló Juan Manuel López diputado de la Coalición Cívica, en aquel momento.

En mayo, la OA dejó de ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Sauces, todavía sin fecha de comienzo y donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

En el caso de la “ruta del dinero K”, donde ya se concretaron los alegatos de las querellas, la OA se mantendría hasta la sentencia. Distinto es el caso del juicio de Vialidad, donde restan decenas de testigos.