24 noviembre, 2024

Otro juez de Mar del Plata suspendió la medida cautelar contra la ley de aborto legal.

El juez Federal Federal Alfredo López había frenado la aplicación de la IVE en los hospitales nacionales. El Gobierno apeló y otro juez de la ciudad atlántica hizo lugar al pedido, revocando la decisión de su colega. Ahora la Cámara resolverá la cuestión de fondo.

El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, hizo lugar este jueves 17 de junio a la apelación del Gobierno Nacional a la medida cautelar que frenaba la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por lo que revocó y dejó sin efecto la resolución judicial que suspendió los abortos voluntarios en hospitales nacionales.

La medida cautelar había sido dictada por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, el pasado 7 de junio, haciendo lugar a una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, quien planteó la inconstitucionalidad de la IVE.

Concedida la apelación del Gobierno Nacional, ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones marplatense sobre la cuestión de fondo y sobre el planteo de recusación.

En la resolución, el juez Martín consignó que la cautelar de López dejaba sin efecto «todo un cuerpo normativo, integrado por la ley en su totalidad, protocolos y resoluciones, vinculadas directamente a políticas de salud y de género del Estado Nacional, y conlleva (entre otros efectos) la interrupción de la atención y cobertura de salud que dicha ley dispone con alcance nacional».

«Por lo tanto, considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar», resolvió.

En la causa se incorporaron como terceros interesados en la causa Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres.