La decisión estatal está impulsada en el marco del Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la actividad del Transporte Automotor.
Las mujeres que quieran conducir ómnibus en el país estarán eximidas de pagar el registro profesional y las empresas que las contraten tendrán beneficios, una decisión estatal impulsada por el Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la actividad del Transporte Automotor.
La semana pasada se anunció la puesta en marcha del Registro de Mujeres Aspirantes a choferes de colectivo en todo el país, el pago por parte del Estado de la licencia LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) para las trabajadoras del sector, y la creación de la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad.
«Hay dos líneas de inclusión laboral: por un lado, el Estado pagará parte del salario que una empresa pague a las choferes por 6 meses, y en el Norte Grande, trabajamos con el anuncio presidencial de la reducción de cargas patronales del 80% para quienes tomen mujeres y disidencias”, explicó Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión del Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo.
Cómo es la situación actual
Mirtha Sisnero fue la primera en acudir a la justicia en 2008 reclamando su derecho a ser chofer, y pese a haber logrado un fallo favorable de la Corte Suprema en 2014 que reconoció que era discriminada, aún sigue sin poder conducir.
Ella trabaja en la Sociedad Anónima Estatal del Transporte Automotor de Salta (Saeta), en la empresa Tadelva, donde es inspectora.
«Sigo con la esperanza de que la empresa me diga sí y pueda conducir un colectivo”, reconoció.
Otra es la realidad de Erica Borda, quien maneja colectivos desde 1999 y que, en 2014, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación, presentó un amparo colectivo por discriminación contra las mujeres que pretendían trabajar como choferes en el transporte público de pasajeros.
Obtuvo sentencia favorable y se creó el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc) que sólo incluye a aspirantes del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
«Yo tengo trabajo -es chofer de la línea 130- pero otras chicas la están pasando mal. Pagar el LINTI es muy difícil para una persona sin trabajo, sobre todo para mujeres en situaciones vulnerables, precarizadas, que también hacen el trabajo de sus casas. Para ellas es muy difícil juntar 32 mil pesos para un registro que te habilita para conducir, pero no para manejar un colectivo. El varón tiene su registro y tiene cien puertas para golpear pidiendo trabajo”, resumió.
En Tierra del Fuego hay choferas en líneas urbanas desde 2017. Las primeras comenzaron a trabajar en Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), la empresa municipal.
Lo mismo en Salta, donde la Fundación Entre Mujeres -que acompañó en su reclamo a Sisnero- junto a la Fundación Avon iniciarán esta semana un curso virtual de Empoderamiento e Igualdad de Género a Mujeres Trabajadoras de Empresas de Transporte de Pasajeros de la provincia.
Otro punto igualitario en el transporte se enciende en La Rioja, donde la única empresa de transporte urbano de pasajeros, la estatal provincial Rioja Bus, incorporó 30 mujeres, incluyendo a una mujer trans.
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