Salta: detuvieron a una concejala que robaba donaciones.

También fue imputada la hermana, una defensora oficial. Las acusadas están sospechadas de acopiar ayuda solidaria destinada a comunidades Wichís de Salta.

Un verdadero escándalo político se vive en la provincia de Salta. Un fiscal penal imputó a una concejala de la UCR-Juntos por el Cambio de Tartagal y a su hermana, que es defensora oficial, por el presunto desvío de donaciones de mercadería destinadas a comunidades originarias wichís de la provincia por la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020

Producto de la investigación se dispuso la imputación de Paola Alejandra Díaz, concejal de la UCR de 43 años. Pero también de su hermana, la defensora oficial Rosa Fabiola Díaz. Quien reveló que se quedaban con donaciones y las vendían fue una tercera hermana.

Sandra Díaz dio una entrevista y dijo que sus hermanas se quedaban con parte de las donaciones que debían destinarse a las comunidades wichí. En lugar de entregarlas, la vendían. La causa investigada por el fiscal interino penal 1 de Tartagal, Rafael Medina.

Desde que se tomó conocimiento de la denuncia se dispuso una consigna policial en el lugar donde se encontraban las donaciones. Entre otras cosas, se trata de alimentos, ropa, zapatillas, agua mineral, pañales y otros elementos.

Además de venderlas, Sandra Díaz aseguró que la concejal estaba acopiando mercadería para repartirla en una futura campaña a diputada provincial. «Quería lucrar con las mercaderías para un beneficio propio», aseveró. Pero al mismo tiempo también vendían bolsones de ropa en ferias.

Las acusaciones fueron desmentidas por Paola Alejandra Díaz quien dijo que no vendió nada y que se estaba guardando en una casa la mercadería que debían entregar a comunidades wichí.

Las fuerzas de seguridad secuestraron ropa, zapatillas, agua y otros elementos y se dispuso un sumario contra la defensora oficial Rosa Fabiola Díaz.

Luego de que se conociera la noticia unos 70 aborígenes arribaron en la madrugada a Tartagal para exigir la inmediata entrega de la ayuda solidaria que las funcionarias mantenían acopiada en su vivienda de Villa Saavedra.