El cantante está detenido desde el 6 de junio en una causa por amenazas. Este martes le habían le revocado el pedido de excarcelación. ¿Cómo sigue su situación?
El músico Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante y referente de la cumbia 420, se encuentra detenido desde el 6 de junio por las «amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas simples» en perjuicio Darío Gastón Torres; la «privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas simples» de Rosa Catalina Passi; más el delito de «tenencia de estupefacientes».
Este martes, la Justicia decidió darle el beneficio de prisión domiciliaria con tobillera electrónica pero la medida no se concretará por ahora y el artista permanecerá en una cárcel común.
Según se anticipó, Valenzuela fijará domicilio en la casa de su representante, la cual se encuentra en un country de la localidad de Canning, en la provincia de Buenos Aires.
El juez de Garantías Gabriel Castro le otorgó el beneficio pedido por su defensa, pero dispuso que ello se concrete cuando la medida quede firme, es decir sea ratificada por la Cámara de Garantías.
El juez justificó su decisión en que “de efectivizarse esta medida de coerción podría contribuirse a evitar que algún fanático aislado del detenido pueda perpetrar algún tipo de amenaza o reprimenda hacia cualquiera de las víctimas como se viene aduciendo en autos”.
El juez le impuso a L-gante como “medida de mayor aseguramiento” las obligaciones de “prohibición de mantener todo tipo de contacto con las víctimas y con sus círculos íntimos, por cualquier medio, telefónico, tecnológico e incluso redes sociales, todo ello por el término que dure el presente proceso penal”.
“Ello –agrega la resolución- bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido en caso de incumplimiento o de las obligaciones impuestas”.
La defensa de L-Gante había considerado que “la medida de coerción actual deviene desproporcionada, que se está causando perjuicio a una persona con tan solo 23 años de edad” y que “no se encuentran cumplimentados los requisitos típicos previstos para los delitos enrostrados”.
El propio Valenzuela “refirió que no posee mal intención alguna en los presentes actuados”, justificó su decisión de “no haber brindado la clave de su teléfono celular” como “una estrategia de su defensor anterior” e indicó que “se encuentra a disposición esperando su libertad”.
La fiscalía se había opuesto a la morigeración de la prisión “por entender que subsisten los peligros procesales”, entre ellos que una damnificada “mudó misteriosamente su testimonio; que continúan las amenazas sobre las víctimas; que se encuentra pendiente de resolver por ante la Alzada el recurso de apelación contra la excarcelación extraordinaria concedida”.
Además, “adelantó que, en unos días, solicitará ampliar la imputación sobre el encausado Valenzuela”.
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