Está acusado de liderar una asociación ilícita y cometer estafas reiteradas contra 118 ahorristas. El empresario ya fue condenado a 12 años de prisión en Corrientes y su situación procesal podría empeorar.
Por segunda vez en menos de seis meses, Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, volverá a sentarse frente a un tribunal. Esta vez será en la provincia de Salta, donde enfrentará un juicio oral y público en el que está acusado de haber encabezado una organización dedicada a captar inversores bajo falsas promesas de rentabilidad, replicando el mismo esquema Ponzi que ya lo llevó a una condena en Corrientes.
El proceso comenzará este jueves, a las 9.30, en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, y estará a cargo del tribunal integrado por los jueces Martín Pérez (presidente), Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans. La acusación estará en manos de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
Según pudo saber TN, la defensa de Cositorto iba a ser ejercida por Sandra Domene, pero por cuestiones personales no va a asistir. Por eso, designaron a una asesora letrada para las audiencias, que está en contacto permanente con Guillermo Dragotto, su principal abogado y quien viajará a Salta recién la semana que viene.
El líder de Generación Zoe fue trasladado días atrás desde la cárcel de Goya, Corrientes, donde fue condenado en marzo a 12 años de prisión efectiva por delitos similares. Desde entonces, está alojado en la Alcaidía General de Salta, bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial.
Fuentes del caso señalaron que Cositorto llegó con el mismo discurso de siempre, negando los hechos y diciendo que es una persecución política y judicial. En esta nueva causa, la fiscalía lo acusa de haber operado una filial local de Generación Zoe desde el año 2021, en la sede de calle Pellegrini 782, donde captaba inversores prometiendo retornos mensuales de entre 7,5% y 10%, lo que equivalía a una supuesta rentabilidad anual de hasta 120%.
A cambio de una inversión inicial de entre 500 y 1.000 dólares, las víctimas accedían a una “membresía educativa” con beneficios ficticios. En algunos casos, el sistema prometía duplicar el capital en apenas tres meses gracias a la intervención de supuestos “robots” financieros.
Además de Cositorto, también serán juzgados cuatro personas que eran clave en la sede salteña de Zoe: Ricardo Gabriel Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Están imputados como coautores de los delitos de estafas reiteradas por 118 hechos, y asociación ilícita, en concurso real.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Vilardel era el referente principal de la sede, y era quien recibía los aportes en mano. Su hermano Jorge se encargaba de la atención al público, mientras que Ana Lucía -que también aparece como titular de cuentas bancarias utilizadas- se desempeñaba como secretaria. En tanto, Albornoz organizaba reuniones, charlas y eventos para atraer a más inversores.
El perjuicio económico registrado en esta causa asciende a $5.682.500 y USD 574.120,29, aunque fuentes judiciales no descartan que la cifra real sea mucho mayor.
Una estafa similar a la de Corrientes, Córdoba y Rosario
El caso de Salta no es aislado. Cositorto enfrenta causas judiciales similares en al menos cinco jurisdicciones distintas. Ya fue condenado en Corrientes, tiene una investigación elevada a juicio en Córdoba, otra abierta en Rosario y una causa federal en Buenos Aires por lavado de dinero, que actualmente se encuentra en etapa de instrucción.
En Corrientes fue encontrado culpable de haber cometido 98 hechos de estafa y asociación ilícita junto a sus principales socios. Recibió una condena de 12 años de prisión, aunque sus abogados apelarán.
La fiscal salteña Salinas Odorisio sostuvo que el modus operandi en esta provincia fue prácticamente idéntico. “Se trataba de una estructura piramidal disfrazada de empresa educativa, con mecanismos de captación agresiva, recompensas por referidos y rendimientos imposibles de sostener”, explicó.
¿Qué pasa si lo condenan otra vez?
Aunque Cositorto ya fue sentenciado en Goya, eso no lo exime de recibir una nueva condena en Salta, y si eso ocurre, el sistema judicial argentino prevé la posibilidad de unificación de penas, incluso si las condenas provienen de diferentes provincias.
Fuentes del caso explicaron a TN que, en caso de recibir una nueva pena, será un juez de ejecución penal quien determine si se unifican los fallos. Para eso, evaluará si los hechos son conexos o independientes, y si pueden sumarse o integrarse dentro de una única pena proporcional.
En Argentina, el Código Penal establece que las penas acumuladas no pueden superar los 50 años de prisión, aunque la pena efectiva dependerá del criterio judicial. “En Corrientes, los hechos fueron considerados como un delito continuado, pero en Salta son delitos reiterados. Esa diferencia técnica puede influir en la duración de la condena”, detallaron fuentes judiciales.
La unificación de penas puede ser solicitada por la defensa, por el Ministerio Público o por el propio condenado, pero solamente pueden hacerlo una vez que las sentencias estén firmes.
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