Chocolate Rigau: imputan a un concejal de Unión por la Patria y a los dueños de las tarjetas de débito

En la causa donde se investiga al puntero del PJ, el juez en lo penal de La Plata Guillermo Atencio imputó a Facundo Albini, actual edil de la capital bonaerense y cabeza de la lista de Julio Alak.

El juez en lo penal de La Plata Guillermo Atencio rechazó la eximición de prisión para los 48 empleados de la Legislatura Bonaerense cuyas tarjetas bancarias estaban en poder del puntero del PJ, Julio «Chocolate» Rigau, para que realice extracciones de un cajero automático.

También imputaron Facundo Albini, actual concejal y cabeza de la lista de Unión por la Patria que llevaba a Julio Alak como intendente y a su padre, Claudio Albini, exsubjefe de personal de la Cámara de Diputados bonaerense. De esta manera, ahora podrían ir presos, acusados por «asociación ilícita» y «defraudación al Estado».

Por ahora, son testigos en la causa citados por la Fiscalía que investiga una secuencia de estafas cuyo protagonista es Rigau, quien el 9 de septiembre fue detenido por la Policía en un cajero automático, luego de que los efectivos fueron alertados por una persona en situación de calle a la que le llamó la atención que el hombre estuvo durante varios minutos en el interior de la zona de cajeros del Banco Provincia.

Los dueños de las tarjetas bancarias hasta ahora fueron citados a declarar como testigos por la fiscal Betina Lacki. Todos, de una forma u otra, omitieron brindar información para determinar el verdadero origen del dinero y algunos dijeron que «en confianza» le dieron su tarjeta a Rigau para que él les haga retiros de dinero.

En su resolución con la cual rechazó las eximiciones de prisión, el juez Atencio tuvo en cuenta que el delito investigado supera «ampliamente los ocho años de prisión» y, por eso, considera «la extensión del daño causado y las características».

«De la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo», remarcó.

Atencio valoró también «la cantidad de hechos perpetrados, el alto monto dinerario defraudado al erario público – suma que hasta el momento asciende a los ochocientos millones de pesos; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre coimputados teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos y la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados».