El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 6 años de prisión al ex juez federal de esta provinica Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a acusados para beneficiarlos. Además, sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau recibieron una pena de 5 y 4 años de prisión por «cohecho», respectivamente, pero también resultaron absueltos por el de «asociación ilícita».
El Tribunal Oral Federal correntino condenó a seis años de prisión al Dr. Carlos Soto Dávila ex juez Federal de la provincia de Corrientes, acusado de liderar la organización criminal, junto a dos funcionarios del juzgado a su cargo y un grupo de abogados.
Soto Dávila fue encontrado responsable del delito de «cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado», aunque fue absuelto por el de «asociación ilícita».
Además, sus secretarios Pablo Molina (51) y Federico Grau (59) recibieron una pena de 5 y 4 años de prisión por «cohecho», respectivamente, pero también resultaron absueltos por el de «asociación ilícita».
El abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de 2 años. Juan Manuel Faraone, ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, y el abogado Tomás Viglione fueron absueltos.
Los imputados estaban acusados de conformar una organización criminal liderada por el entonces magistrado Soto Ávila a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. El resto de los integrantes de la banda serían los secretarios penales de ese Juzgado, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau y los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Tomás Alfredo Viglione, y Gregorio Humberto Giménez.
La banda habría cometido diferentes delitos contra la administración de la justicia a cambio de garantizarles la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes, principalmente a los miembros de una banda de narcotraficantes que funcionaba en la ciudad correntina de Itatí y que resultaron condenados.
De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado N° 1 se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso se indicaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico.
Fuente: Radio Sudamericana
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