Imputaron a Emerenciano Sena y Marcela Acuña por presunto lavado de activos

Según el fiscal, el matrimonio tuvo «un significativo incremento y movimientos patrimoniales» que no se pueden justificar con sus «ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran».

A un año del femicidio de Cecilia Strzyzowski, imputaron al líder piquetero Emerenciano Sena y a su esposa Marcela Acuña por presunto lavado de activos a través de la Fundación Saúl Acuña, que recibía dinero de distintos organismos provinciales y era la vía a partir de la cual se construían viviendas.

El pedido fue realizado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien les imputa «la existencia de una matriz estructural de corrupción para el desvió de fondos públicos provinciales», la cual en los últimos tres años «arribarían a más de 900 millones de pesos», según el escrito. Sumado a esto, ambos «incorporaron a sus patrimonios numerosos bienes muebles registrables -vehículos- como así inmuebles, a nombre propio como así de la ‘Fundación Doctor Andrés Saúl Acuña’ conformada por ellos”.

La causa se originó a raíz de la sospecha por el hallazgo de seis millones de pesos en efectivo en el domicilio de Santa María de Oro 1460 durante el primer allanamiento por el femicidio de Cecilia, cuando aún se buscaba el paradero de la joven desaparecida. El lugar fue investigado ya que se trata del sitio donde los fiscales sospechan que la joven fue asesinada.

Según la presentación a la que accedió Clarín, el matrimonio puso «en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude». A raíz de eso, tuvieron «un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados».

En ese sentido, el informe menciona que los únicos ingresos que tenían tanto Sena como Acuña eran los que tenían como empleados del Ministerio de Educación, a lo que se sumó una serie de facturas monotributistas presentadas por la dirigente social. Asimismo, los dos eran titulares de la Fundación Saúl Acuña, que tenía como secretaria a Fabiana González, mano derecha del matrimonio y acusada en el crimen como presunta encubridora. En tanto, la fundación no tenía empleados en relación de dependencia, indicó el fiscal.

Además, Sabadini precisó que el dinero que ingresaba a la fundación llegaba a través de una cuenta del Banco de Chaco que solo manejaban los Sena. El efectivo luego era retirado presuntamente por Emerenciano, según un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF). Dicha plata habría sido utilizada para el pago de los jornales de los obreros y de la construcción, indicaron desde el entorno familiar, aunque el fiscal aclaró que sería difícil realizar una trazabilidad del capital.

Para el fiscal, el modelo de construcción de viviendas sociales era a través de miembros de la comunidad pertenecientes al movimiento social de Emerenciano. «Cada familia trabajaba en la construcción de la vivienda que posteriormente seria suya, circunstancia relevante al momento de considerar supuestos costos de ‘mano de obra’ a computar», precisó.

Sumado a esto, denunció «gastos falsos» en los estados contables de la fundación. Al respecto, detalló que los aumentos de los gastos en ciertas áreas crecieron de manera interanual por encima de la inflación. Uno de esos casos fue en el personal de Salud, que pasó de 6 a 38 millones de pesos entre 2021 y 2022. «El incremento de los mismos de un año a otro fue del 477% (sin ajuste por inflación) y de 252% (ajustado)», se lee en la causa.

Asimismo, la fundación recibió fondos de los Ministerios de Salud Pública; de Gobierno y Trabajo; de Infraestructura y Servicios Públicos; de Desarrollo Social; el Fideicomiso de Servicios Generales y Planificación Estratégica; el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Lotería Chaqueña y del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), siendo que este último aportó 186 millones de pesos en 2023.

Tras hacerse público el caso de Cecilia, el gobierno provincial avanzó con una intervención de la Fundación Saúl Acuña, que estuvo a cargo de Hernán Matías Knezovich y Mirta Beatriz Morel. En el informe que emitieron denunciaron un faltante de dinero de $62.781.127, así como irregularidades por la falta de aplicación de fondos otorgados por el IAFEP para la construcción de 40 viviendas.

También detallaron que el IAFEP había pagado adelantos del 30% para la construcción, pero que cuando fueron a revisar no encontraron nada construido. A raíz del hallazgo, solicitaron el reintegro del capital. No obstante, la fundación no tenía dinero, por lo cual tomaron en parte de pago un camión Mercedes Benz Atego.

Para Sabadini, dicho rodado habría sido adquirido por la fundación con dinero que recibió en abril de 2023 a través de un Aporte no Reintegrable de $39.710.000 de parte del IAFEP, el mismo organismo que ahora reclama la deuda. En tanto, el fiscal ordenó el secuestro de ocho vehículos y el embargo preventivo de otras cuatro propiedades a nombre del matrimonio.