Riquelme era el gerente del capo narco Esteban Alvarado y durante años se enfrentó a otra banda, alineada con Los Monos. Fue detenido el 3 de abril de 2020 y tiene dos causas penales en su contra. Bullrich anunció el aislamiento de presos federales que estén involucrados en amenazas a Pullaro.
El fiscal Franco Carbone avanzó con su teoría que indicaba que las amenazas realizadas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, eran instigadas desde la cárcel y señaló en una audiencia a Francisco Riquelme, jefe de una banda de narcomenudeo ligada al estallido de violencia en los barrios rosarinos Ludueña y Empalme Graneros, como el autor.
Las intimidaciones contra Pullaro comenzaron horas después de que el gobernador electo implementara la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y la prohibición del ingreso de familiares con alimentos. Desde entonces atravesó múltiples amenazas, que incluso llevaron a que mudara a su familia de Rosario este lunes.
Riquelme fue imputado por ordenar, desde la cárcel federal de Marcos Paz, la balacera del 27 de diciembre contra la comisaría 19 de Rosario, efectuada por dos jóvenes identificados por la policía como Carlos Moreno y Alejandro Acosta, que ese mismo día habían disparado contra una escuela y, según La Nación, cobraron $100.000 por el trabajo de generar pánico y descontento contra el gobernador. De acuerdo a los peritajes a los celulares secuestrados, Carbone concluyó que el autor intelectual fue Riquelme, quien usaba un número que terminaba en “081”.
La Justicia investiga también si Riquelme estuvo detrás de otra amenaza contra Pullaro, ocurrida el 13 de diciembre, cuando un joven de 18 años que viajaba en moto junto a un menor de edad se tiroteó con la policía en la zona de Provincias Unidas y Génova. “Gobernador Pullaro, dejá de arreglar con el narco Beto Godoy que está en Piñero porque sabemos todo y te vamos a matar a toda tu familia”, decía una nota que llevaba el joven apresado y que había usado el mismo calibre del arma que le secuestraron a Moreno y Acosta.
El 22 de diciembre, apenas cinco días antes de la balacera contra la comisaría 19, Riquelme protagonizó un llamativo ataque de ira porque no dejaron entrar a una mujer que iba a visitarlo. El fiscal Carbone relató que rompió sillas, arrojó objetos contra la guardia y amenazó a los penitenciarios. “Prendan la tele hoy a la noche. Van a ver lo que voy a hacer. Los voy a cagar a tiros a todos ustedes. Voy a cagar a tiros una comisaría de Rosario hoy. Se van a querer matar, van a ver lo que voy a hacer”, dijo.
Riquelme era gerente del capo narco Esteban Alvarado (condenado a perpetua) y durante años se enfrentó a otra banda, alineada con Los Monos. Fue detenido el 3 de abril de 2020 y tiene dos causas penales en su contra por balear a Mariana Ortigala, una ex colaboradora de Alvarado que luego se acercó al círculo de Guille Cantero, jefe de la banda rival, consignó La Capital. Ortigala fue una testigo estrella en el juicio contra Alvarado y es sospechada de haber sido testaferro de Cantero, por lo que hoy también está presa.
En la audiencia en la que se lo imputó por amenazar al gobernador, conectado por Zoom, Riquelme denunció que en Marcos Paz lo tienen “como a un perro”, por lo que está en huelga de hambre desde hace diez días. “Me tienen como el peor de la historia”, alegó. Como consecuencia de las medidas anunciadas este martes por Patricia Bullrich, su aislamiento sólo se profundizará.
Bullrich anunció el aislamiento de presos federales que estén involucrados en amenazas a Pullaro
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy que iniciará un proceso de aislamiento de los presos “de alto riesgo y máxima seguridad” detenidos en cárceles federales e involucrados en las últimas amenazas al gobernador de Santa Fe. “Estas personas van a estar aisladas y no van a poder tener ningún contacto con nadie hasta que se esclarezcan estos temas”, dijo la ministra.
Durante el fin de semana “se realizaron varias requisas sorpresivas en los pabellones de alto perfil de la cárcel de Piñero, en los que secuestraron 13 celulares, pendrives, objetos cortopunzantes, tarjetas de memoria, cuadernos con anotaciones, un router, juegos de playstation y 63 CDs”, detalló la comunicación oficial del Ministerio. Por su parte, Riquelme sólo recibirá visitas de familiares directos y a través de un blindex, y pidieron además un control más estricto en las comunicaciones.
Bullrich dispuso “una serie de medidas que hoy se van a llevar adelante, con presos de alto riesgo y máxima seguridad que están en cárceles federales”. En declaraciones a la prensa que realizó a la salida de su domicilio, Bullrich explicó que dio instrucciones al subsecretario de Políticas Penitenciarias, Julián Juri, para que “aquellos que se considera prima facie por la Justicia de Santa Fe que serían los que están llevando adelante las amenazas, van a entrar al programa de alto riesgo».
Las medidas dispuestas apuntan al aislamiento de los presos considerados de “alto perfil” alojados en prisiones federales, sobre los que el Poder Judicial santafesino tenga sospechas de estar detrás de las amenazas recibidas por el gobernador santafesino, quien recibió el menos dos mensajes intimidatorios la semana pasada y ayer. Bullrich también dialogó ayer con Pullaro, tras recibir la última de las amenazas, y mantuvo un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
Scaglia aseguró que las balaceras a edificios públicos y la distribución de notas intimidatorias “es el modus operando que tienen las bandas narco, para que el Estado ceda en la lucha contra el narcotráfico”. Tanto el gobierno provincial como el fiscal que investiga las amenazas a Pullaro coinciden en que se trata de una “reacción” de presos de alto perfil a las medidas de endurecimiento de sus condiciones de detención adoptadas por la nueva gestión santafesina.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió hoy al tema en su habitual rueda de prensa en la que expresó la “solidaridad y apoyo al gobernador Maximiliano Pullaro y a su familia por las amenazas recibidas”. Adorni afirmó que “es decisión del Presidente de la Nación que los Ministerios de Defensa y Seguridad trabajen en conjunto para terminar con las mafias que hoy dominan parte de la República Argentina”. La principal ciudad de Santa Fe terminó el año 2023 con 259 casos de homicidios.
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