El ex gobernador de Entre Ríos fue condenado por corrupción e inhabilitado para ejercer cargos públicos. El embajador puso su renuncia a disposición y Alberto Fernández la aceptó.
El embajador argentino en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue condenado este jueves 7 de abril a 8 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que juzgó distintos hechos de corrupción en el lapso de 2010 a 2015.
La Justicia entrerriana lo encontró culpable del delito de negociación incompatible con la función pública, por lo que enseguida presentó la renuncia al cargo diplomático que ocupaba. Inmediatamente, el presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia y ya analizaba al posible reemplazante en el cargo ante el gobierno de Israel.
La respuesta de Sergio Urribarri
«El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador», expresó el ex gobernador de Entre Ríos desde su cuenta de Twitter.
De qué se lo acusa a Urribarri
El fallo que se conoció este jueves fue dictado por el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
El Ministerio Público Fiscal había pedido que se lo sancionara a 12 años de prisión y se lo inhabilitara a ejercer cargos públicos. En cambio, la defensa técnica de Urribarri, por el contrario, había requerido al Tribunal que lo absuelva.
La Justicia consideró probado que el ex gobernador entrerriano direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.
Además, fueron condenados los ex ministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados.
El juicio analizó varios episodios, como «El sueño entrerriano», que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o «Causa del Mercosur», sobre contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014.
Para la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del ex gobernador. El proceso judicial comenzó en septiembre último y se extendió por casi 50 audiencias hasta que este jueves se procedió a la lectura de la sentencia.
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