Consejo de la Magistratura: Carrió le envió una carta a Cristina y a Massa

Elisa Carrió, en nombre del CC ARI, solicitó que se nombren los legisladores propuestos por la UCR y el PRO, para integrar del Consejo de la Magistratura.

La exdiputada Elisa Carrió le envió este martes una carta a la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa en la que los insta a dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nombrando a los legisladores propuestos por los bloques políticos Frente PRO y Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados respectivamente, para completar la integración del Consejo de la Magistratura.

A través de una carta que hizo pública en sus redes sociales, Carrió se dirigió a ambos referentes legislativos en carácter de extitular de la Coalición Cívica ARI, y acompañada en la firma por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro y del diputado Juan Manuel López, titular del bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI.

«No tienen ustedes obstáculo judicial, ni legal, y no debería prevalecer sobre la Constitución y la ley argumento político alguno para que den cumplimiento en lo inmediato al referido caso resuelto por la Corte Suprema. Esto especialmente luego de la resolución del pasado 18 de abril dictada por el Máximo Tribunal sobre la medida precautelar del grosero expediente “CASARETTO, MARCELO PABLO c/ CÁMARA DE DIPUTADOS NACIONALES Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986”. Allí la Corte extinguió ese proceso por carecer de validez desde su promoción, ordenando al Juzgado Federal N°2 de Paraná que proceda a su archivo y anulando todo lo actuado por ese Juzgado en el caso. Todo lo que se ordenó sea notificado a la presidencia de ambas Cámaras del Congreso Nacional», dice la misiva.

«Cualquier otra decisión por parte de ustedes cómo autoridades del Congreso representa un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional, conducta esta, que puede encuadrarse en delitos penales», advierte.