La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra aislada con Covid-19, en El Calafate, y a raíz de ello se postergó una semana la reunión del Grupo de Puebla.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio positivo en Covid-19, por lo que el Grupo de Puebla se vio obligado a suspender para el lunes 19 de diciembre la reunión prevista para el lunes 12.
«El encuentro de Grupo de Puebla ‘Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia’, cuya realización estaba prevista para el próximo 12 de diciembre, se posterga para el día 19 del mismo mes», señaló un comunicado oficial de la oficina de prensa de la líder del peronismo kirchnerista.
Una postergación que, según agregó el texto difundido, se debe a que la vicepresidenta «ha dado positivo» en un test de Covid-19″, aunque «se encuentra en buen estado de salud en El Calafate», localidad del sur argentino donde la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) tiene una vivienda.
El pasado miércoles se anunció que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España), y Ernesto Samper (Colombia) se iban a congregar este lunes en una reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires en «solidaridad» con Fernández.
Según ese foro político y académico de tendencia de izquierda, el encuentro es impulsado por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien estará presente en la cita, al igual que Cristina Fernández.
El objetivo de la cita es «denunciar» que Fernández «ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la Justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático».
El martes pasado, un tribunal oral condenó a Cristina Fernández, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en una causa por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-1015).
Tras conocerse el veredicto, la vicepresidenta, de 69 años, afirmó ser víctima de la «mafia judicial» y un aparato «paraestatal» que no le perdona que defienda los «derechos de la gente» y anunció que no piensa aspirar a cargo alguno en las elecciones generales de 2023.
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