Cuáles son los cambios más importantes que promueve la Ley de Hojarasca que el Gobierno envió al Congreso

La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger. Este lunes dio seis claves para defender el proyecto.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce el economista Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de «Ley de Hojarasca», que deroga «normativas obsoletas que representan un obstáculo a las libertades y afectan el derecho a la propiedad», según anunció.

Se trata de una iniciativa que busca eliminar 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX, desde la gestión de José Uriburu hasta el de Cristina Fernández de Kirchner, y muchas de ellas fueron promulgadas durante los gobiernos militares.

Acorde al proyecto, la ley promueve la «seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país», partiendo del principio de que «todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas». También plantea la eliminación de leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos», como la Federación Argentina de Municipios.

Con la «Ley Hojarasca», cuyo nombre oficial es «Ley de Derogación de Legislación Obsoleta», el Gobierno busca «quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales» por las diversas sobrerregulaciones.

«La ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego pueden convertirse en un obstáculo» que genere un impacto negativo en la «seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado”, afirmaron desde el área que conduce Sturzenegger.

Las claves de los cambios principales

En el documento, el Ejecutivo señaló cuáles son las seis claves que se tienen en consideración para derogar determinadas leyes que se consideran «inútiles y obsoletas»:

• Leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas. Así, por ejemplo, no tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación.
• Leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo. Una de ellas es la ley que autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy vemos imágenes de video en nuestras redes sociales. Otras resultan ridículas vistas desde hoy, cómo utilizar la microfilmación para guardar documentos gubernamentales.
• Leyes que limitan la libertad individual. Por ejemplo, la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados resulta una aberración frente a la Constitución Nacional. Aún continúa vigente una ley sancionada en 1951, que impone penas para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado, cuya única finalidad fue perseguir opositores, incluidos quienes hayan denunciado violaciones a los derechos humanos en nuestro país ante organismos internacionales.
• Leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización, eliminando organismos y normas sobre regulatorias, alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia. Entre ellas, la ley que obliga que cualquier producto que tenga un mapa en su etiqueta debe ser aprobado por el Instituto de Cartografía oficial.
• Leyes que ya no tienen razón de ser, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos, pero las leyes que los crearon siguen vigentes, como el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, Ediciones Culturales Argentinas y el plan de aprovechamiento energético de las mareas, entre otras.
• Leyes que crean organismos para integrantes del Sector Público, solventados con recursos del Estado Nacional. Estos incluyen al Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Se emancipa a estos entes con la eliminación del financiamiento por parte del Estado Nacional, sin perjuicio de que sigan funcionando, con recursos propios.

Qué dice el Proyecto de «Ley Hojarasca»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado ya había realizado un adelanto de la iniciativa que quiere simplificar el marco normativo vigente. Allí indicó que el análisis identificó la vigencia de normativas que datan de presidencias anteriores.

En ese sentido, criticó que “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron el paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.

La mayoría de las normativas a derogar fueron sancionadas en gobiernos militares como el de Agustín Lanusse, Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Edelmiro Farrell y José Uriburu, pero también en administraciones democráticas como las de Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Héctor Cámpora, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, entre otros.