¿Cuánto cuesta la campaña electoral?: la impresionante cifra que pueden gastar los frentes políticos

Competir en elecciones presidenciales no es barato. Con aportes públicos y privados, cada agrupación tiene un tope de gastos para cada etapa de la campaña

En la carrera para llegar a la Presidencia de la Nación los distintos frentes y alianzas políticas deben afrontar una campaña electoral que implica inevitables gastos en publicidad, movilidad o alquileres, con un límite que este año puede alcanzar los $4.000 millones si se suman las actividades proselitistas para las primarias (PASO), las generales y el balotaje, en caso de que haya.

El límite de gastos de campaña es establecido por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a través de una fórmula basada en la cantidad de votantes registrados en el padrón. Posteriormente, la Justicia Electoral evalúa los informes contables de ingresos y gastos que deben presentar los responsables financieros de los frentes políticos que compiten en los comicios.

Afiches; spots; encuestas; alquiler de inmuebles para el trabajo de los equipos de campaña o para actos; movilidad de los candidatos, dirigentes y asesores que participan de la campaña por todo el país; contratación de terceras personas; alojamientos son solo parte de los abultados gastos que puede tener una campaña electoral y que serán financiados con aportes públicos y privados.

Según el cálculo provisorio realizado por la Cámara Nacional Electoral sobre la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre de 2022 (que se ajustará al cierre del padrón para este año), el límite de gastos de campaña para cada frente que compita en las PASO será de $1.006 millones.

Ese monto no es para cada precandidato, sino para la alianza de partidos de la que forma parte. Si una coalición como Juntos por el Cambio o el Frente de Todos presentan más de un postulante presidencial, tendrán que repartirse los $1.006 millones.

¿Cuánto pueden gastar en la campaña para las PASO y las generales?

En cualquier año electoral, se puede afirmar que los dirigentes políticos de la primera línea están «en campaña todo el tiempo», pero la misma tiene un inicio y un final oficiales. Los gastos de campaña legalmente autorizados rigen solo para ese período.

El cronograma electoral confirmó que este año la campaña para las PASO empieza el 24 de junio, fecha límite para que cada coalición presente sus candidaturas, y termina el 11 de agosto, cuando empieza la veda de cara a los comicios del domingo 13. El límite de $1.006 millones llega hasta esa fecha.

Después de que los votantes elijan en las PASO a los candidatos que competirán en las presidenciales, empieza la campaña para las elecciones generales del 22 de octubre, para la cual se establece un nuevo tope de gastos que duplica el de las primarias y que este año podría llegar a $2.012 millones.

La diferencia no es antojadiza: luego de la reforma que introdujo las PASO, la Ley de Partidos Políticos (26.571) estableció que «los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del límite de gastos de campaña para las elecciones generales».

De esta manera, todos los frentes políticos que compitan para llegar a la Casa Rosada podrían gastar entre la campaña para las PASO y las generales hasta $3.019 millones.

¿Y si hay balotaje?: la tercera campaña y el monto máximo para aportes privados

Si ninguno de los candidatos presidenciales alcanza el 45% de los votos afirmativos, o más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre quien salió segundo, habrá balotaje y, por lo tanto, una nueva etapa de campaña que tiene otro límite de gastos. Hoy parece difícil que alguno de los espacios políticos en carrera pueda evitar la segunda vuelta, según lo que pronostican numerosas encuestas.

Para esa eventual segunda, que se llevaría a cabo el 19 de noviembre, el límite de gastos de campaña es el mismo que para las PASO, es decir, $1.006 millones. Por esta razón, para los dos espacios políticos que se metan al balotaje, el gasto total autorizado podría ascender hasta los $4.025 millones.

Esos fondos son en parte públicos, para todas aquellas cosas que buscan garantizar una competencia en igualdad de condiciones (como la impresión de boletas y el espacio publicitario en medios audiovisuales) y en parte privados, por lo que también existe un límite a la cantidad de dinero que una persona particular o una empresa puede darle a un frente político.

De acuerdo al informe provisorio de la Cámara Electoral, este año el monto máximo de aportes privados «por persona humana o jurídica» para un frente nacional será de $20.128.978 solo para las PASO, mientras que para las generales sube a $40.257.956 y vuelve a ser la mitad para el balotaje.

Cómo se controlan los gastos

La Ley de Financiamiento Electoral establece que antes del inicio de la campaña las agrupaciones políticas que presenten candidatos tienen que designar dos responsables económico-financieros que serán «solidariamente responsables con el tesorero» por el cumplimiento de las obligaciones legales sobre el financiamiento de la campaña y los informes que deberán rendir ante la Justicia Electoral.

Según el artículo 32 de esa norma, el juzgado federal con competencia electoral tiene que ordenar la apertura de una cuenta corriente única en un banco establecido por la alianza política, por la cual «ingresarán todos los aportes tanto públicos como privados y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña». La cuenta deberá cerrarse a los 30 días de realizada la elección general.

Diez días antes de las elecciones las agrupaciones políticas deberán presentar, a través de sus responsables ante el juzgado federal que corresponda, un informe previo con el detalle de los aportes públicos y privados recibidos, «con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma».

El informe final se presenta en un plazo de 90 días después de la elección. Allí, los responsables de económico-financieros de la campaña tienen que detallar los aportes recibidos, «precisar claramente su naturaleza, origen, nombre y documento del donante, destino y monto, así como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral», discriminados por rubros y acompañados por «los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes».

Las sanciones por el incumplimiento de las normas de financiamiento van desde la pérdida del derecho a recibir «contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual» por entre uno y cuatro años, y los fondos públicos para las campañas electorales por una a dos elecciones.