Después de ajustar a los gobernadores, Javier Milei quiere recortar fondos que financian a los gremios

Se produciría en el reparto que se instrumenta desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

En Harvard, Federico Sturzenegger llamó «a empobrecer a los grupos de interés para ganarles» y entre ellos identificó claramente a los sindicatos. Y Las versiones que surgieron en estas horas desde el Gobierno van en esa misma línea. Después del ajuste contra los gobernadores en represalia por el fracaso de la Ley Ómnibus, ahora el objetivo son los gremios, que organizaron un paro acompañado de una fuerte movilización cuando todavía no se habían cumplido 45 días de la asunción. Javier Milei evalúa una fuerte reducción de los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales que administran los principales líderes de la CGT.

El recorte se produciría en el reparto que se instrumenta desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo. Políticamente, y en el «relato» del Gobierno, linkea con la lógica de desplazar a los intermediarios del manejo de fondos, algo que también pretende instalar con los movimientos sociales en la gestión de planes y asistencia a los comedores.

 Este capítulo «motosierra» ya se puso en marcha en enero, cuando el Gobierno no giró a las prestadoras sindicales unos $5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo.

Pero el recorte apunta a ser mucho más amplio y amenaza afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. Se proyecta una reducción de alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que son destinados a pagar los servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a sostenerlos con recursos propios.

«Si avanzan con el recorte vamos a ir a la Justicia a frenarlo», advirtieron desde la cúpula de la CGT, alineados con la contraofensiva judicial que lanzaron algunos gobernadores tras la quita de los subsidios al transporte y del Fondo de Incentivo Docente.

Desde la central obrera recordaron que desde hace varios años intentan que el Estado asuma en forma directa el costo de los servicios para evitar desfinanciar el FSR que, en principio, estaba solo destinado al pago de los tratamientos más costosos.

Durante la gestión de Alberto Fernández, con Sergio Massa en Economía, se incluyó en el Presupuesto 2023 una partida de $132.000 millones destinados a los rubros de discapacidad por fuera del FSR. No obstante, hasta diciembre solo se transfirieron $ 70.000 millones y la gestión de Milei anticipó que no continuará con dichas transferencias.

«No entienden que no están castigando a los sindicalistas. Esto lo pagan los trabajadores, la gente y la salud pública que ya está colapsada», expresó en diálogo con Clarín José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y referente de la conducción de la CGT encargado de la problemática de las obras sociales.

Ahora que las prestadoras deberán pagar una parte de los servicios, el dirigente advirtió que la situación del FSR, el cual se alimenta de un porcentaje de los aportes de los trabajadores, es «crítica», dado que los recursos no son suficientes para financiar el sistema que actualmente responde a más de 14 millones de personas.

En enero el FSR recaudó $55.200 millones frente a $50.505 millones en gastos por discapacidad, tomando un 90% de los recursos. La central obrera calculó que, de mantenerse dicha situación, las obras sociales llegarían a fin de año con un rojo de $200.000 millones, un número que no podría ser financiado solo con los aportes de cada sindicato.

Al complejo escenario se suma el hecho de que el Gobierno quiere dar de baja los subsidios automáticos de SUMA, SUMA+ y SANO, destinados a compensar los aportes realizados a las obras sociales por monotributistas, jubilados y trabajadores de bajos salarios.

«No hay diálogo, no se sabe qué va a pasar», reprocharon desde la cúpula de la CGT, considerando que las prestadoras sindicales recibieron en enero las transferencias correspondientes a diciembre, pero sin ninguna confirmación oficial sobre lo que pasará con los fondos de enero y febrero.