La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó hoy la «inmediata captura» del ex gobernador Sergio Uribarri ante riesgo de «frustrar los fines del proceso», al anular un fallo anterior que le había permitido seguir en libertad hasta que quede firme la condena en su contra.
Fuentes oficiales informaron que Urribarri fue detenido este mediodía en Concordia y que lo trasladan ahora a una cárcel de Paraná.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
«Se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria», sostuvo la decisión de ese tribunal entrerriano integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.
Los camaristas hicieron lugar a una apelación fiscal y mencionaron «tratados internacionales» que comprometen a la Argentina en la lucha contra la corrupción y le impone el «deber de investigar, juzgar y castigar» estos delitos con «una mayor intensidad».
Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”. El argumento central fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a las posibilidades de escapar que le dan sus “importantes vínculos” (según el voto de la jueza Marcela Davite).
Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.
En el caso se dilató el cumplimiento de la sentencia condenatoria que aún no está firme, «con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad» de «no respetarla», advierte la sentencia. Los camaristas aludieron a riesgo de entorpecimiento de la causa penal.
También están condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el ex funcionario Juan Aguilera.
Urribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por «peculado» y «negociaciones incompatibles» en una sentencia que está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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