Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, irá a juicio oral.

El juez Sebastián Casanello cerró la investigación, que se centró en los fondos que debían destinarse a beneficiarios de planes sociales.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, irá a juicio oral por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión «sobre miles de personas» que debían percibir fondos correspondientes al plan social Potenciar Trabajo.

El juez Sebastián Casanello delegó la investigación del caso en el fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que, entre junio de 2020 y marzo de 2024, existió una «matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica» que habría defraudado al Estado «con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos».

Después del pedido de la fiscalía, el juez federal cerró la investigación y firmó la elevación a juicio oral de esta causa que se centró en los fondos que debían destinarse a beneficiarios de planes sociales.

El fiscal Gerardo Pollicita, al firmar el pedido de elevación a juicio oral del líder del Polo Obrero y de otras dieciséis personas, sostuvo que la maniobra por la que fueron procesados comenzaba con ofrecer la incorporación al plan Potenciar Trabajo, otorgado en aquel entonces por el ex Ministerio de Desarrollo Social, a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, bajo la amenaza expresa de dar de baja el subsidio si no lo hacían.

Planes sociales: los argumentos de la Fiscalía para enviar a Eduardo Belliboni a juicio oral

Para la fiscalía, Belliboni se «aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir».

La causa comenzó a construirse en diciembre de 2023 a partir de una serie de denuncias realizadas en una línea telefónica que habilitó para esos fines el ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.

Por un lado, se investigó el desvío de los fondos asignados mediante convenios a talleres y emprendimientos sociales. Esa operatoria incluyó la presentación de facturas truchas -como justificaciones ante el Estado de los gastos- emitidas por presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA.

Además, se investigó la utilización del extinto programa social Potenciar Trabajo como un sistema de premios y castigos que los dirigentes implicados repartían según se asistiera o no a las movilizaciones callejeras impulsadas por la agrupación. En los allanamientos a comedores y cooperativas del movimiento, ordenados al inicio de la investigación, se encontraron listados de control de presentismo y un cuaderno anillado que en su lomo dice «sanciones».

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Polo Obrero y otras agrupaciones actuaron como intermediarios del Potenciar Trabajo, recibiendo millonarios subsidios que, según la Justicia, fueron malversados. La investigación también apunta a exfuncionarios como Emilio Pérsico del Movimiento Evita, cuya participación aún está bajo análisis por posible lavado de dinero.