En un informe sobre derechos humanos, criticaron las condiciones carcelarias, los abusos de las Fuerzas de Seguridad y el maltrato a las comunidades indígenas. Qué dijeron sobre los «presos políticos».
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina durante el 2022, en donde destacaron «numerosos informes de corrupción gubernamental» y «un sistema judicial ineficaz y politizado».
En la sección titulada Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno, el informe estadounidense fue lapidario y destacó el proceso judicial sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.
«La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción», manifestaron.
«En septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner», explicaron.
Y detallaron: «Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera».
Abusos de las fuerzas de Seguridad
En el informe, otro de los puntos más críticos en torno a los DDHH fueron los informes de que «miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos».
«Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental».
Asimismo, el informe apuntó al gobierno por no tomas cartas en el asunto: «El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción».
«La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y policiales en todos los niveles sobre derechos humanos, incluso a través de capacitación en línea durante la pandemia de COVID-192, agregaron en el documento oficial.
Por otro lado, enfatizaron en las condiciones de reclusión: «Eran duras y amenazaban la vida debido al hacinamiento, la mala atención médica y las condiciones antihigiénicas. Hubo denuncias de traslados repetidos y arbitrarios, traslados a lugares distantes y el uso recurrente de la incomunicación como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires».
Hacinamiento en prisiones
«El hacinamiento en las prisiones siguió siendo un problema. Según el Servicio Penitenciario Federal, a septiembre había un estimado de 11.400 reclusos en un espacio diseñado para 10.936 personas», advirtieron.
«El hacinamiento en los centros de menores a menudo dio lugar a que los menores fueran retenidos en las instalaciones de la comisaría, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohíbe hacerlo».
Funcionarios judiciales que no respetaron la independencia
Según el informe, a pesar de que la ley establece un poder judicial independiente, detectaron que «los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetaron la independencia e imparcialidad judicial. Según ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales en ocasiones fueron objeto de manipulación política».
Y, en respuesta a denuncias de un sector del oficialismo, el informe consignó que «no hubo informes creíbles de presos o detenidos políticos».
Libertad de expresión
En el documento detallaron que la Constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, y que en ese marco «el gobierno en general respetó este derecho. Medios de comunicación independientes, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación».
Sí destacaron algunos casos denunciados por FOPEA, de agresiones a periodistas, pero en casi todos los casos se registró un apoyo desde el gobierno.
Maltrato a comunidades indígenas
Por último, apuntaron que «los proyectos llevados a cabo por las industrias agrícolas y extractivas desplazaron a los indígenas, limitaron su acceso a los medios tradicionales de subsistencia, redujeron el área de tierras de las que dependían los indígenas y causaron contaminación que en algunos casos puso en peligro su salud y bienestar. Los conflictos ocurrieron cuando las autoridades expulsaron a los indígenas de sus tierras ancestrales».
Y tomaron como ejemplo el conflicto con los Mapuches: «El 4 de octubre, fuerzas de la policía federal desalojaron a grupos extremistas mapuches del área conocida como Villa Mascardi, cerca de la ciudad de Bariloche. Siete mujeres mapuches fueron detenidas por la policía en medio de enfrentamientos por la ocupación de tierras privadas y públicas por parte de su comunidad. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, elogió el operativo y afirmó que “no hubo represión”. Las ONG condenaron el desalojo como una violación de los derechos indígenas, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez, renunció en protesta el 7 de octubre».
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