El documento clave que encontró la Justicia y que podría probar la organización extorsiva del Polo Obrero

Uno de los investigadores descubrió en una de las propiedades allanadas un Excel con datos sobre la cantidad de dinero que se percibía de los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Tienen en la mira asambleas en las que se distribuían las cuadrillas de comedores.

La Justicia avanza con la investigación a líderes sociales acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios de planes sociales a través de la manipulación y desvío de fondos correspondientes a programas de asistencia del Estado como el Potenciar Trabajo.

En esta etapa de la investigación, la Justicia avanzará con el análisis de los elementos que se secuestraron en las 27 propiedades ligadas a las organizaciones sociales: desde celulares hasta cuadernos con planillas de asistencias a las marchas, hojas con planillas de castigos y libros contables. Según pudo saber TN, uno de los investigadores dio con un Excel que podría ser clave en el caso y demostraría que al menos en el Polo Obrero (PO) existía una organización extorsiva y que los aprietes no se trataban de casos aislados de dirigentes.

Se trata de un archivo en el que se detallaba la cantidad de beneficiarios del Potenciar Trabajo inscriptos en el Polo Obrero según cada provincia; la cantidad de plata que ese número representaba y una columna que está en análisis en la que se cree que se anotaba la cantidad de dinero que se le sacaba a esos beneficiarios. Se habla de una cifra que podría oscilar los $60 millones.

La Justicia dio con un documento clave que podría probar la organización extorsiva del Polo Obrero

Los investigadores creen que algunos de los líderes piqueteros señalados en el marco de la investigación, como Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero, se quedaba con un porcentaje de este dinero. Todo es materia de análisis.

Estos hallazgos refuerzan la teoría de que los aprietes a beneficiarios no eran actos aislados de algunos dirigentes, sino que formaban parte de un esquema coordinado con la participación de las cúpulas de los movimientos sociales. Del análisis que se haga de los celulares, computadoras y documentos secuestrados se podría determinar que estas maniobras contaban con el visto bueno de las cabecillas de estas organizaciones.

Otro de los elementos clave hallados en los allanamientos, es un documento en el que constan asambleas en la que se decidían las cuadrillas de comedores que se repartirían cada uno de los líderes de la organización. También está en la mira de venta de bolsones de comida que se debían repartir entre los sectores más humildes y el pago de entre $2000 y $5000 en concepto de “apoyo” a los alquileres de estos comedores.

Durante los allanamientos, realizados el pasado lunes, se encontró dinero en efectivo (8 millones de pesos y 76 mil dólares) y documentación importante, como planillas contables de las organizaciones, listados de presentes en las marchas y tarjetas de crédito y débito.

Las denuncias contra los acusados, que cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios, surgieron a través de la línea 134 que el Gobierno habilitó para hacer denuncias: allí se recibieron los testimonios de extorsiones para participar de las marchas y que se basaban en malos manejos del plan Potenciar Trabajo.

El oscuro entramado de corrupción involucra a referentes de Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Pero los más perjudicados son los del Polo Obrero. Entre los principales implicados se encuentran los dirigentes Jeremías Adrián Cantero, Jorge Antonio Rosas, Lesli Castillo, María Dotti, Nilsa Torres y Lorenzo Martelli. Los allanamientos en sus casas particulares y lugares donde supuestamente funcionan comedores comunitarios arrojaron evidencia contundente de la magnitud del fraude.

El modus operandi de los acusados fue descubierto a partir de testimonios de los propios beneficiarios de planes sociales, que aportaron chats y mensajes de audio en los que aparecía la extorsión por parte de los líderes piqueteros.

Según un informe, los dirigentes de estas organizaciones habrían desplegado un sistema de cobro de porcentajes del Programa Potenciar Trabajo, además de amenazar a los beneficiarios con la pérdida de sus planes en caso de no hacer los aportes exigidos.