El fiscal Guillermo Marijuan pidió dar de baja 3.000 pensiones de beneficiarios que no viven en el país

El fiscal realizó una solicitud formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por 2.954 casos que no cumplieron el requisito de mantener la residencia en Argentina para cobrar la pensión.

El fiscal Guillermo Marijuan le envió una solicitud oficial a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que proceda con la baja de 2.954 beneficiarios que cobran a través del ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La medida fue a raíz del incumplimiento de la normativa de mantener la residencia en el país.

Los individuos se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años “vulnerables” y regresaron a su país de origen, según los registros de la Dirección de Migraciones. De esa manera, a valores actuales, le costaron a las arcas del Estado $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

Sumado a esto, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, está analizando otros 7.512 casos de «titulares PUAM» que mantuvieron «intervalos fuera del país por más de 60 días», lo que también infringe la normativa.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

Además, según la investigación del fiscal, entre los 2.954 titulares de la PUAM que se fueron del país y no volvieron hay una amplia variedad de casos que deberán ser investigados de forma particular. Por ese motivo, no serán investigados en un único expediente, sino en casi tres mil, lo que significa uno por cada beneficiario.

En ese sentido, del total de los casos, unas 1.300 personas se fueron del país hace más de tres meses, periodo que estipula ANSES y a partir del cual corresponde la suspensión del beneficio, siendo que otras lo hicieron antes. Al respecto, la Justicia deberá determinar quiénes iban a los cajeros a cobrar las pensiones de personas que no residen en el país y qué funcionarios públicos permitieron que esto suceda.

“En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”, se lee en el oficio, que publicó Infobae.

Por ese motivo, el fiscal le planteó a la titular de Capital Humano que «evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.

La ley 27.260, que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), establece requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión, incluyendo la ciudadanía argentina o la residencia legal mínima en el país. Además, se detallan los requisitos para mantener el cobro de la pensión, como no ser beneficiario de otras prestaciones y mantener la residencia en Argentina.