El Gobierno creará una fiscalía para investigar delitos de corrupción

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le trasladará la propuesta al procurador general Eduardo Casal.

El Gobierno Nacional creará una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos. Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

El funcionario reveló que el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, le trasladará la propuesta al procurador general Eduardo Casal y especificó además que la fiscalía investigará, en las situaciones en los que se requiera, «en casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados.

“El ministro de Justicia sugerirá la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados”, sostuvo en la previa a la rueda de preguntas con periodistas acreditados.

En la misma línea, Adorni especificó: “Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del poder ejecutivo como legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito”.

Una fuente de Gobierno aclaró que la intención es devolver el valor de lo confiscado a la sociedad y que surgió a modo de mensaje a los gobernadores para torcer el “poroteo” en el Congreso.

Cabe destacar que, a pesar de la iniciativa del Gobierno, en la actualidad ya existe un organismo con competencias para investigar delitos de corrupción dentro de la función pública. Se trata de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), derivada de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, creada a partir de la Ley 24.946 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

En el organigrama, la PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la «investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional», detalla la norma de creación de esa oficina.

Aclara que serán investigados los hechos de corrupción cometidos por «el personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación». En contrapartida «la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales», expresa.