El Gobierno denunció por amenazas y extorsión al sindicalista aeronáutico Pablo Biró

El escrito fue presentado por el Ministerio de Seguridad tras las declaraciones del dirigente, quien advertido que el conflicto salarial iba a ponerse «mucho peor».

El Ministerio de Seguridad denunció este miércoles al sindicalista aeronáutico Pablo Biró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), por presuntas extorsiones y amenazas a raíz de declaraciones donde el dirigente había advertido que el conflicto salarial en el sector iba a ponerse «mucho peor».

La denuncia quedó a cargo del juzgado federal 12 que subroga el juez Ariel Lijo y fue presentada por el abogado Fernando Soto, que representa al ministerio que conduce Patricia Bullrich, según informaron fuentes judiciales.

En un comunicado difundido de manera posterior, la cartera de Seguridad detalló que la denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) fue por presunta «extorsión y amenazas».

La presentación se hizo porque las expresiones del sindicalista «generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolíneas Argentinas y en la seguridad de los pasajeros».

Por su parte, el Ministerio sostuvo que esas expresiones «podrían ir más allá del ejercicio legítimo del derecho a huelga» y podrían ser «amenazas extorsivas».

En declaraciones periodísticas, Biró había dicho en los últimos días que el conflicto que mantienen los gremios aeronáuticos con el Estado nacional por reclamos salariales es «grave» e iba a ponerse «mucho peor».

El Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal.

La denuncia enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse de manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública.

La decisión de la cartera que conduce Bullrich argumenta que busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos. Cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una «huelga salvaje» y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional.

Trabajadores de ATE/ANAC pararán este jueves, pero no afectarán las operaciones aéreas

Los trabajadores vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dependientes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), anunciaron para mañana un paro en reclamo por la «preocupante situación salarial» en el sector y en «rechazo a los despidos», pero la medida de fuerza «no afectará la seguridad de las operaciones aéreas», según aclararon hoy fuentes oficiales.

Según informó ATE, el cese de la prestación de servicios se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12 y entre las 17 y las 22. Durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional indicaron que «el paro anunciado para mañana jueves por ATE-ANAC es una medida de los empleados estatales de la ANAC, que no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos». En tanto, especificaron que, por el momento, «no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo».

El martes el Secretario General de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, había señalado que hasta ese momento no habían tenido «ninguna comunicación con los distintos sectores del gobierno nacional, ni con los de Transporte, y por ende la medida de fuerza se mantiene vigente».