El Gobierno oficializó la privatización de medios públicos y reveló quiénes estarán a cargo del proceso

Fue a través del decreto 117/2024. Se prevé que dure un año, con una única posibilidad de prorrogación.

El Gobierno oficializó la intervención de los medios públicos durante un año y designó a los funcionarios dentro de la Jefatura de Gabinete que estarán a cargo de llevar adelante el proceso.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través del decreto 117/2024, bajo la firma del presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos. La misma abarca a Educ.ar; Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que incluye la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.

El Ejecutivo designó en el rol de interventor a Diego Martín Chaher, quien será acompañado por el interventor adjunto Diego Sebastián Marías, los cuales trabajarán dentro de la órbita de la dependencia conducida por el jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Según indica la normativa, los interventores designados tendrán las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y/o a su presidente, particularmente las establecidas en el decreto mencionado. A su vez, el jefe de Gabinete podrá prorrogar la intervención por una única vez.

Chaher y Marías tendrán la responsabilidad de «elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades», el cual será considerado por el Gobierno, de evaluar, modificar el Estatuto para el personal del organismo o aprobar uno nuevo y modificar el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.

Entre otras cosas, los interventores podrán modificar la denominación de los organismos, con previa aprobación del Ejecutivo, revisar la administración de compras y contrataciones y disponer una auditoría general sobre el estado de las empresas y sus instalaciones.

A su vez, podrán «designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas», aunque el decreto aclara que esto «es sólo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del Interventor y del Interventor Adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios».

En caso de «detectarse alguna anomalía», ambos funcionarios «deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda».

En línea con la premisa del oficialismo de reducir el gasto del Estado, el objetivo de la privatización de los medios públicos es «operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornarlas sustentable».

En este marco, el decreto presentado este lunes también indica que «el Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto».

¿Quiénes son los interventores?

Para esta tarea se designó como interventor a Diego Martín Chaher, un abogado mendocino que durante 20 años ocupó cargos gerenciales en medios del Grupo América, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano. Egresó en 1997 de la Universidad de Belgrano y tiene una maestría en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo.

En paralelo, el interventor adjunto será Diego Sebastián Marias, exdiputado de la Legislatura porteña (2017-2019) por el bloque del PRO. Anteriormente se desempeñó como funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, bajo la gestión del ministro Esteban Bullrich.