El Gobierno rechazó girarle más fondos a la Corte para pagar aumentos salariales.

Le autorizó la reasignación de recursos del Presupuesto vigente. El nuevo cruce sucedió el mismo día en que el Máximo Tribunal determinó el cese en las funciones de la jueza Figueroa. El ala dura k había pedido que ese dinero se use para ayudas sociales.

Sube la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema tras el fallo que ordenó el cese en las funciones de Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debía definir las causas Hotesur y Los Sauces. El Máximo Tribunal le envió una nota -por segunda vez- a la Jefatura de Gabinete, pidiendo que gire los fondos necesarios para afrontar las subas salariales. En una dura respuesta, Agustín Rossi rechazó el envío de los fondos y apuntó a la autarquía del Poder Judicial.

“La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”, dijo en la nota de respuesta girada a la Corte Suprema, en la que aprobó que modifique el Presupuesto vigente para disponer de $55.387 millones de aplicaciones financieras que tiene como superávit.

Además, indicó que “en caso de resultar insuficiente, se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para atender los faltantes presupuestarios que presente el Poder Judicial de la Nación en el ejercicio 2023, cuestión que deberá contemplarse en el pedido de modificación presupuestaria incluyendo la fuente de financiamiento 13 – Recursos con afectación específica dispuesta por la Ley N° 23.853″.

En medio de la disputa se metió el líder de Patria Grande y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, que le exigió al Gobierno que no gire los fondos solicitados por la Corte Suprema y destine esos recursos a asistencia social y volvió a enviarle una advertencia a la fórmula presidencial: “Nosotros seguimos militando por un triunfo de Massa-Rossi porque la patria está en peligro, pero la victoria es indisociable al mejoramiento a las condiciones de vida de nuestro pueblo”, alertó.

Crece la tensión entre el kirchnerismo y la Corte Suprema

En un nuevo capítulo de la larga disputa entre el oficialismo y el máximo tribunal, la jefatura de Gabinete demoró el envío de fondos para pagar aumentos salariales en la Justicia.

En una nota enviada este miércoles -mismo día en que cesantearon a Figueroa por haber cumplido 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para continuar en el cargo-, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti le pidieron a Agustín Rossi, jefe de Gabinete y compañero de Sergio Massa en la fórmula presidencial, “una urgente respuesta” al pedido de envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5%.

Según el oficio, la demora en la respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de Justicia”.

Consultadas por TN, fuentes de Tribunales confirmaron el contenido de la carta, aunque aseguró que se trata de una “formalidad”. Según explican, la partida ya está asignada y el pedido de la Corte es apenas un paso burocrático para que se active la transferencia. Sin embargo, el pedido actual ya había sido enviado el pasado 29 de agosto, sin respuesta del Gobierno. Es por eso que en las últimas horas se volvió a insistir con otro documento.

Este miércoles incluso hubo un paro de trabajadores judiciales en reclamo de una recomposición salarial, y el gremio reconoció que es la jefatura de Gabinete la que tiene que activar el envío de los fondos. Es por eso que en Tribunales advierten que, de profundizarse la demora, la tensión podría seguir escalando, con más medidas de fuerza.

Más allá de la mala relación entre el Gobierno y la Corte Suprema, muchos especulan con que la demora en el envío de fondos sea una estrategia del oficialismo para forzar nuevos paros en el Poder Judicial.

En los pasillos de Tribunales cuentan que, en su momento, Rossi le había propuesto a la Corte que usara el dinero de sus propias partidas para pagar aumentos salariales. Pero podría tratarse de una trampa: por ley, el máximo tribunal solo puede usar sus partidas a nivel interno; no así en el resto de los departamentos judiciales. Por lo que, de usar esos fondos para cubrir sueldos, la CSJN estaría incurriendo en una malversación de fondos.

De seguir demorándose el trámite, el conflicto podría escalar y algunos ya especulan con que la Corte pueda denunciar a Rossi por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Agustín Rossi rechazó girar los fondos

En sintonía con la dureza del reclamo, Rossi respondió con críticas al manejo de los fondos judiciales y autorizó el uso de recursos en superávit.

En la nota enviada a la Corte Suprema, el jefe de Gabinete detalló que “a la fecha, en el Presupuesto de la Administración Nacional, el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de $426.095 millones mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de $370.708 millones, dando como resultado un superávit de $55.387 millones”.

De allí surge el número de lo que autoriza a reasignar: “Respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, a través de la presente autorícese modificar el presupuesto y disponer los $55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para Gastos en personal del Poder Judicial”.

Además, dijo que “se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de $24.000 millones aproximadamente” y que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por $187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”.

El Máximo Tribunal había acordado un aumento del 6,5% a partir del 1 de julio para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación. “Tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles. Por ello, en diversas ocasiones, esta jefatura ha solicitado que los requerimientos de incremento presupuestario que realice su jurisdicción sean con fuente de financiamiento 13 – Recursos con afectación específica”, indicó Rossi en el escrito.

El jefe de ministros apuntó así a la autarquía del Poder Judicial. “Los recursos que refiere la Ley N° 23.853 de autarquía del Poder Judicial, tienen reflejo presupuestario en la Fuente de Financiamiento 13- Recursos con Afectación Específica, conformados por el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central más los recursos específicos propios del citado Poder (artículos 2º y 3º). La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”.

“Les he manifestado que a la hora de determinar los aumentos salariales deben considerar que los mismos impactan de igual manera en los haberes del personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación”, agregó Rossi y señaló que “el Poder Ejecutivo ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial asignando crédito para Gastos en Personal con Fuente 11 – Tesoro Nacional en la DA 356/2023 y en el DNU 436/2023 por un total de $10.000 millones”.

“Es importante recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles”, sumó en los argumentos.