El plan de Milei para frenar el fallo de la jueza Preska contra YPF y el guiño clave que recibió del gobierno de Trump

“Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, expresaron los letrados argentinos en un escrito que solicita que se suspenda el fallo por la expropiación de YPF.

El Gobierno argentino presentó un escrito este martes 1 de julio pidiéndole a la jueza de Nueva York Loretta Preska que suspenda el fallo por la expropiación de YPF hasta que la Cámara revisora decida sobre la cuestión de fondo. Junto a esta medida se está armando una apelación que se presentaría a mediados de mes, mientras se niega cualquier negociación, presente o futura, con los fondos Burford y Eton Park.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguraron que este caso también le preocupa al gobierno de Donald Trump, porque la Justicia de su país está cuestionando a un aliado fundamental en la región, como Javier Milei.

El pedido de suspensión es la primera acción del Estado argentino luego de que la magistrada estadounidense le ordenara que entregue, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio realizado por la expropiación de la petrolera. La jueza determinó esta forma de pago por la sentencia contra nuestro país en primera instancia de 16.100 millones de dólares más intereses establecida en 2023.

La defensa argentina presentó un escrito de 4 páginas, al que tuvo acceso el diario La Nación, donde se argumenta que Preska se excedió en su jurisdicción y no hay posibilidades de realizar la expropiación de las acciones porque están registradas en la Caja de Valores. Luego agregaron que cualquier decisión relacionada con la expropiación de YPF deberá pasar por el Congreso de la Nación y conseguir una aprobación con dos tercios de los votos (un hecho que también mencionó Axel Kicillof en la conferencia de prensa que dio este martes).

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, fue una de las frases de los abogados para señalar que, si los fondos extranjeros toman el control de la petrolera y deciden venderla, le generarían un daño inmenso a la Argentina. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, expresaron los letrados argentinos en su presentación, remarcando que hay 23.000 puestos de trabajo en juego, en referencia a los empleados de YPF.

El monto es otro de los puntos que se está discutiendo. En el Gobierno creen que puede ser “mucho menor” a los 16.100 millones de dólares establecidos por Preska, dependiendo si se toma al tipo de cambio de pesos a dólares de cuando se realizó la expropiación (2012), o cuando se determinó la ejecución (2023), así como el precio de las acciones en cada uno de esos años.

Ahora se espera la decisión de la jueza frente al pedido de suspensión. Mientras tanto, las partes tendrán, desde el instante en que se les corra vista del escrito, tres días hábiles para contestar. Luego, la Argentina dispondrá de un tiempo adicional para responder lo que hayan dicho los referentes legales de los fondos.

Los representantes argentinos tienen pensado, más allá de si hay o no respuesta de Preska, continuar con su reclamo también ante la Cámara revisora.

En la Casa Rosada se organizaron varios encuentros este martes para discutir el tema. Desde temprano afirmaron su determinación de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, como anticipó este lunes el propio presidente Javier Milei. Eso se hará dentro de los próximos quince días. Cerca del presidente piensan que el fallo de Preska es de “imposible cumplimiento”.

“Imagine que, si Argentina aceptara esta locura, perdería el control mayoritario de YPF”, le dijo a la agencia Noticias Argentina un exfuncionario del área energética. En la sede de Gobierno también negaron que hubiera trato con ¿los bonistas, pero estos aseguran que sí los hay.

Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, escribió en su cuenta de X: “El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Prezka y trabaja en la apelación. La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles. Fin”.

El caso está en manos de Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, que asumió a comienzos de este año la jefatura de abogados del Estado, no participa porque su exsocio, Alberto Bianchi, fue testigo experto en contra del Estado argentino en este conflicto legal (otro hecho que mencionó Kicillof en su conferencia).

Stampalija cuenta con la ventaja de ser orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Además, tiene un Magíster en Derecho por la Universidad de Hong Kong, y otro en estudios legales internacionales por la de Nueva York.

En los tribunales de Nueva York seguirá interviniendo el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que viene llevando la representación de Argentina desde que comenzó la pelea legal.

A favor, dicen cerca de la Casa Rosada, está el hecho de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos repudió este fallo y apoya totalmente la apelación argentina.